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Redacción Nacionales
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Este martes 3 de septiembre se cumplieron 10 meses de haber concluido el juicio del caso “Saqueo público” y las personas procesadas siguen esperando el fallo del Tribunal Primero de Sentencia.
El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) denunció el retraso inusual en la entrega del fallo, tras recordar que dicho proceso judicial es uno más de varios con motivaciones políticas “en los que han sido instrumentalizadas instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República y el sistema judicial”.
Según COFAPPES, “los exfuncionarios y demás personas procesadas en el caso Saqueo Público han sufrido un juicio paralelo por parte de la mayoría de medios de comunicación y con ello el irrespeto del derecho a la presunción de inocencia”.
“Ademas, la mayoría de ellos se encuentran ilegalmente en arresto domiciliar desde hace más de cuatro años, después de guardar prisión dos años en distintos centros penitenciarios”, señala COFAPPES, en su comunicado difundido hoy.
De los 32 imputados inicialmente en este caso, entre ellos el expresidente Mauricio Funes y algunos funcionarios de su gobierno, diez concurrieron al juicio que finalizó el 3 de noviembre del año pasado; y, según COFAPPES, “la Fiscalía no pudo demostrar responsabilidad de los procesados”.
El Tribunal Primero de Sentencia ha convocado en seis ocasiones para dar el fallo, pero todas fueron suspendidas y reprogramadas, las últimas tres provocadas por la Fiscalía. La última vez fue el pasado 15 de marzo, cuando sin dar ninguna explicación los fiscales del caso abandonaron la sede judicial pocos minutos antes de que iniciara la audiencia.
En esa ocasión uno de los jueces informó que el fallo fue adoptado por unanimidad del tribunal y que estaba listo desde la audiencia de febrero, que también se suspendió por la ausencia de los fiscales.
COFAPPES recordó que los abogados defensores de los imputados denunciaron que durante la fase de instrucción hubo una serie de violaciones a las leyes que ameritaba declarar la nulidad del caso.
Las irregularidades y violaciones a la ley van desde el montaje del caso sin pruebas sólida hasta la incorporación de una ampliación de la pericia contable por parte de la Fiscalía y la aceptación de testigos criteriados que no calificaban para ello.
De acuerdo con los defensores, “un dato relevante es que durante el peritaje contable de la fase de Instrucción se presentó una lista de 327 proveedores de bienes y servicios a Casa Presidencial, junto con documentos de respaldo, que prueban que los 351 millones no fueron a parar a manos de los procesados sino a las empresas y particulares contratados por Casa Presidencial durante el período 2009-2014”.
COFAPPES también señala que, al igual que el caso Saqueo Público, “los procesos contra exfuncionarios acusados por sobresueldos y el de ASOCAMBIO son típicos casos de persecución política, que tienen a la base un plan de las élites de poder del país y del actual gobierno para desacreditar las dos gestiones del partido FMLN en el gobierno”.
