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Brasilia/dpa/AFP
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volvió hoy a calificar el controvertido juicio político en su contra como un «golpe de Estado» y pidió al Senado rechazar su inminente destitución en una emotiva intervención ante la Cámara.
«No cometí los delitos de los que soy acusada injusta y arbitrariamente», dijo Rousseff, suspendida de su cargo desde mayo, en su discurso de defensa ante los 81 senadores que deben decidir en las próximas horas sobre su destitución definitiva.
«La acusaciones dirigidas contra mí son meros pretextos», agregó la mandataria respecto a las acusaciones de que su Gobierno cometió «crímenes de responsabilidad» por maquillar las cuentas públicas para esconder el verdadero déficit fiscal del Estado.
Rousseff aseguró asimismo que esperará a la votación final que debe conseguir una mayoría de dos tercios (54 votos) en el Senado para destituirla, y que no renunciará de ninguna manera a su cargo.
«Jamás lo haría porque nunca renuncio a la lucha», aseguró una combativa Rousseff, que aseguró también que convocará elecciones en caso de mantener su cargo.
La destitución de la mandataria de 68 años este martes o miércoles se da prácticamente por segura, ya que fue el propio Senado el que la suspendió el 12 de mayo con una clara mayoría.
El previsible final de los más de 13 años de Gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff quedó casi encauzado después de que su principal aliado, el centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer, abandonara su Ejecutivo.
El conservador Temer es desde mayo presidente interino y asumiría definitivamente la jefatura de Estado hasta las elecciones de 2018 en caso de que Rousseff sea destituida.
El juicio contra Rousseff está enmarcado en varios escándalos de corrupción que salpican prácticamente a toda la clase política brasileña y en una dura crisis económica en la primera economía de América Latina.
La presidenta, que luchó como guerrillera clandestina en los años 60 y 70 contra la dictadura militar, reiteró hoy su rechazo al Gobierno interino de Temer, al que acusa de «traidor» y «usurpador».
Rousseff atribuyó el proceso de destitución al que calificó de «ilegítimo» a intereses «ultraconservadores». «Hicieron todo para destabilizarme a mí y a mi Gobierno», aseguró Rousseff.
«Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional», dijo también la mandataria en un emotivo discurso de unos tres cuartos de hora ante el Senado.
«Estamos a un paso de la concretización de un verdadero golpe de Estado», agregó Rousseff, que recordó en pasajes de su discurso la tortura que sufrió siendo una joven militante de izquierda a manos de la dictadura.
«En el sistema presidencialista no basta la eventual pérdida de la mayoría parlamentaria para destituir a un presidente», consideró. «Voten contra el ‘impeachment’. Voten por la democracia», cerró Rousseff su intervención dirigiéndose a los senadores que podrían estar aún indecisos respecto a su voto final.
La presidenta, que se sometió después de su intervención a preguntas de los legisladores, llegó a la Cámara poco después de las 9 de la mañana hora local (12:00 GMT) acompañada por su mentor político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y varios de sus ex ministros.
Aliados políticos de la presidenta abogaban hace unos días por que Rousseff no se presentara en el pleno por temor a posibles hostilidades de sus rivales, y dado que se considera muy improbable que los senadores vayan a cambiar su voto a estas alturas.
El proceso de «impeachment» contra la primera presidenta mujer de Brasil divide desde hace meses el país.
Mientras sus detractores piden la salida de la presidenta por presuntos «crímenes de responsabilidad» debido a las irregularidades en la elaboración de los presupuestos públicos, sus defensores acusan a la oposición de usar eso como excusa para fraguar un «golpe» contra un Gobierno electo democráticamente.
Jurado cuestionado
Rousseff jugará su última carta ante un Senado que tiene al menos un tercio de sus 81 miembros bajo la lupa de la Justicia o ya procesados por casos de corrupción.
Fue la senadora Gleisi Hoffmann (PT), también investigada, quien abrió la caja de Pandora el jueves pasado durante el primer día del juicio.
«¿Cuál es la moral de este Senado para someter a juicio a Dilma?», preguntó, desatando una andanada de agravios.
Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en caer a manos del Congreso en 24 años, después de Fernando Collor, hoy un senador que respalda el impeachment.
En ese caso, esta guerrillera marxista en su juventud, economista de carácter estoico y poco afecta a la negociación, dejará definitivamente el Palacio de Planalto, sede del gobierno, con una popularidad cercana un dígito.
Una diferencia notable con el inicio de su gobierno, cuando Rousseff asumió el poder en 2010 con una economía pujante que atraía a inversores de todo el mundo.
Pero el partido fundado por Lula -que presidió Brasil entre 2003 y 2010- se fue apagando tras cuatro gobiernos consecutivos.
Ahora, esta fuerza que inspiró a la izquierda regional al sacar 30 millones de brasileños de la pobreza, según el Banco Mundial, y eliminar Brasil del mapa del hambre, ve apagar su estrella tras cuatro ciclos consecutivos en el poder.
