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William Siliézar
@DiarioCoLatino
Las diputadas del Parlamento Centroamericano se reunieron en El Salvador para analizar la situación de las mujeres salvadoreñas que salen rumbo a Estados Unidos, y así, discutir posibles soluciones que garanticen el respeto a sus derechos.
En 2015, alrededor de 2.9 millones de personas salieron del país rumbo a Estados Unidos y otros países del mundo, 1.4 millones eran mujeres según cifras del Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación migratoria se ha puesto color de hormiga debido a las constantes amenazas del magnate contra los migrantes latinoamericanos.
En Estados Unidos viven más de 2 millones de salvadoreños entre hombres y mujeres. Muchos bajo el respaldo del Estatus de Protección Temporal (TPS) que, incluso, el Departamento de Seguridad Nacional de ese país ha buscado una prórroga de seis meses para que no expire a principios de 2018.
Isabel Carranza, de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa de El Salvador, señaló que los consulados salvadoreños en otros países deben garantizar la seguridad y protección de sus compatriotas, pues es un derecho determinado por la Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante, aprobada en 2013 por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Sin embargo, los riesgos de violación a derechos no sólo es en tierra estadounidense o europea. Carranza destacó que las mujeres que salen de su país corren muchos riesgo en su travesía a Estados Unidos o cualquier otro país y se carece de un respaldo que les asegure el cumplimiento de sus Derechos Humanos.
“Nuestra participación debe ser parte del proceso de incidencia nacional en relación a la problemática de la migración”, aseguró Carranza, quien también consideró que uno de los factores que influye en este problema es la falta de oportunidades laborales y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres en la vida cotidiana.
Margarita Robles, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, aseguró que en El Salvador hay avances en cuanto a la solución de esta problemática, una de ellas es la creación del Consejo Nacional de Trata de Personas, ya que las migrantes son víctimas de este delito con frecuencia. Además, en 2012 se creó la Política Nacional de Trata de Personas. En 2013 se presentó el proyecto de ley contra la trata personas y en octubre de 2014 se aprobó la Ley Contra la Trata de Personas y la Ley de Protección y Desarrollo para las Personas Migrante Salvadoreña y su familia.
“Se está trabajando en lo que nos compete. Sin embargo, este tema no sólo depende de nosotras, sino de la voluntad, compromiso y participación de toda la población”, reiteró Robles.
Blanca Flor Bonilla, diputada y jefa de la Comisión de la Mujer del PARLACEN, agregó que la migración es un derecho consumado en la Convención Internacional de Derechos Humanos y es deber de cada Estado que conforma la Organización de las Naciones Unidas garantizar el respeto, de lo contrario, atenta con lo establecido en la Convención.
