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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), David Reyes presentó ayer un aviso en la Fiscalía General de la República para notificar sobre una posible estafa que empresarios del transporte público estarían cometiendo al Estado salvadoreño.
El parlamentario dijo que algunos empresarios del transporte colectivo llevan años cobrando la compensación mensual que el Estado les entrega en concepto de subsidio, $400 por cada autobús y $200 por cada microbús, sin que estos pongan en circulación las unidades.
También agregó que en los más de doce años en que los transportistas han recibido el subsidio no se ha percibido una mejora sustancial del servicio de transporte colectivo.
“En los últimos doce años se han entregado casi $700 millones en concepto de subsidio al transporte, muchos de ellos (empresarios) han hecho de esto un negocio y se han enriquecido en grandes cantidades, cobrando el subsidio por un servicio que no ofrecen a la población”, aseguró el diputado.
Reyes agregó que las pruebas de la supuesta estafa son las declaraciones del ministro de Obras Públicas y fotografías divulgadas por el funcionario, en las que se aprecian unidades del transporte colectivo en abandono pero por las que -supuestamente- el Viceministerio de Transporte está pagando subsidio.
También lamentó que se aprobara en la Asamblea Legislativa una extensión de la entrega del subsidio bajo la misma modalidad por seis meses más; “era importantísimo establecer condiciones mínimas para entregar este subsidio, lastimosamente se les seguirá entregando un cheque en blanco por seis meses más sin control”, dijo.
Entre estas condiciones se destaca la instalación de sistemas de posicionamiento global (GPS) a las unidades, para constatar si estas se encontraban en funcionamiento; una póliza de seguro por daños a terceros y un validador para medir la cantidad de pasajeros, con el fin de que la compensación sea entregada con base en la cantidad de usuarios de la unidad.
Reyes dejó entrever la posibilidad de que existan “conflictos de intereses” de diputados de todos los partidos políticos en el tema del subsidio al transporte público. “Cada año se les entrega a los transportistas un promedio de $50 millones, lo más grave es que no se percibe una mejora del servicio a la población, ojalá una investigación sirva para presionar a los empresarios para dar un trato digno a los usuarios”, añadió el diputado tricolor. Este lunes, el fiscal general de la República, Raúl Melara anunció a través de Twitter que había ordenado una “investigación exhaustiva” sobre la asignación y uso del subsidio al transporte público; “no vamos a permitir más abusos hacia la gente”, publicó.
