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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para que crear la Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas no Empresariales y Autónomas.
El director general del Presupuesto, Carlos Salazar, llegó a la instancia legislativa a explicar la iniciativa; dijo que el Estado “está en proceso de modernización” del Órgano Ejecutivo, sus entidades descentralizadas no empresariales y autónomas, a efecto de “optimizar los servicios a la población”.
El “retiro voluntario” va para aquellas personas que ya se encuentran jubiladas o pensionadas, pero siguen laborando en las instituciones públicas, bajo los regímenes de Ley de Salarios o Contrato. “Para ello es necesario promover un reconocimiento y la entrega de una compensación económica en concepto de retiro voluntario para el personal que cumple con los requisitos”, destacó Salazar.
Esta iniciativa no incluye al ministerio público ni al sector financiero como, por ejemplo, de la SIGET o el FSV. El cálculo es con base en el último salario devengado y se pagará un salario por cada año laborado o fracción mayor de seis meses de servicio consecutivo en cualquier dependencia del sector público teniendo un techo máximo de $25 mil, estos estarán exentos de Renta y el mismo gozará el beneficio de la inembargabilidad. El pago se realizará en dos cuotas iguales equivalente a la mitad del monto total a percibir.
Para aplicar al decreto, el empleado deberá renunciar y manifestar su intención de ampararse al decreto. “Son más de 5,000 personas que estarían siendo beneficiadas, si todas eligen acogerse al decreto. Solo aplica para los jubilados o los pensionados que aún trabajan en el sector público y decidan retirarse voluntariamente”, destacó Salazar.
Sobre el financiamiento, Salazar dijo que las erogaciones que genere la compensación económica serán financiadas con los recursos de cada institución o la entidad deberá gestionar en el Ministerio de Hacienda para que se puedan gestionar los recursos. Es de aclarar que, en el caso de las autónomas, estas deberán financiar con sus propios recursos el pago de las indemnizaciones correspondientes de los empleados que decidan acogerse.
Los recursos saldrían de las mismas plazas que quedarían vacantes y “el Ministerio de Hacienda hará las gestiones pertinentes en la búsqueda de financiamiento que garantice el pago de esta compensación, es decir, Hacienda tiene la obligación de garantizar el pago de esta compensación”, concluyó Salazar. La Ley tendrá vigencia 6 meses.
