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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la ley para el retiro obligatorio y compensación económica de 144 empleados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Dirección General de Migración y Extranjería y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.
Según el decreto, se retira obligatoriamente a empleados del Ministerio de Seguridad y de Migración que tenga más de 60 años; en el caso de la UTE, se retirará a quienes tengan la edad de jubilación. El decreto establece que podrán optar los trabajadores con alguna enfermedad crónica o degenerativa.
En el caso del personal de las entidades antes mencionadas que ya se encuentren recibiendo pensión por vejez, independiente de su edad, será obligatorio que se acoja a dicho decreto.
En la instancia legislativa se mencionó que los trabajadores recibirán una compensación de un salario mensual por cada año de servicio, basado en el último salario nominal. En el Ministerio de Seguridad los que devengan de $365 a $600 tendrán un salario por año laborado hasta por un límite de $14,400. Para los que devengan de $601 a 900, tendrán un salario por año hasta un límite de $16,200. Y para los que ganen por encima de los $901 tendrán un salario por año hasta por un límite de $18,000.
En cuanto a Migración, serán 59 empleados los que se pretenden aplicarles el decreto: los que ganen de $600 a $949 obtendrán un máximo de $18 mil, mientras los que ganen $950 en adelante, obtendrán un máximo de $20 mil.
En la UTE son 21 empleados y la compensación será de hasta 6 meses de salario con un límite de $15 mil. El total a pagar por la compensación económica será de $1,667,950.48. Detallándose así: $424,704 serán asumidos por el gobierno central y$341,185 saldrán de fondos de la Fuerza Armada. La principal justificación por parte del Gobierno para aprobar el decreto de retiro forzoso es que se busca la renovación de personal y “darles oportunidad a los jóvenes”. En otro punto, los legisladores votaron para que se lleve al pleno un dictamen favorable para confirmar el contrato de préstamo por $166 millones, gestionado entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dichos recursos se destinarán al “Proyecto de Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W, tramo Los Chorros”.
Estos dos dictámenes pasarán al pleno este miércoles en sesión plenaria.
