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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a las iniciativas del Ejecutivo a fin de simplificar la vigilancia de los ciudadanos y ordenan a las operadoras de telefonía a brindar datos personales de sus usuarios cuando sean requeridos en una investigación.
Las reformas a leyes que los parlamentarios acordaron aprobar son: a la Ley Contra el Crimen Organizado, que tiene por objeto redefinir este concepto y unificar los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados que pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas. A la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones para fortalecer los procedimientos y las herramientas de persecución penal en la lucha contra la criminalidad mediante la obtención de elementos incriminatorios que sirvan como prueba en el proceso penal. Y a la Ley de Telecomunicaciones, a fin de dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación.
La instancia legislativa recibió al ministro de Seguridad y al fiscal general de la República, Gustavo Villatoro y Rodolfo Delgado, respectivamente. Sobre la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, Villatoro planteó que llevaban años sacrificando a la población y no a los delincuentes. “Se atribuía la culpabilidad a un miembro cuando el enemigo es la estructura, pretendemos ampliar el concepto para que permita la eliminación de estas organizaciones criminales. Ahora, combatiremos la modalidad de delito cometido por las estructuras”.
En cuanto a las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, según planteó el ministro Villatoro, buscan hacer más eficaz el uso de esta herramienta para obtener pruebas incriminatorias que permitan capturar a las estructuras terroristas.
Dentro de los cambios que Seguridad propuso fue incorporar mecanismos de resguardo digital y su cadena de custodia, eliminando el uso de libros y habilitando la tecnología en el proceso. Villatoro explicó que las modificaciones comprenden la ampliación del catálogo de delitos en los que se requiere el uso de la intervención de las telecomunicaciones, debido a las nuevas formas de crímenes que han surgido en el país.
Según el fiscal Delgado, esta reforma permitirá un uso óptimo de esta herramienta de investigación en el combate de los delitos.
Con la reforma, se permite a la FGR saltarse las auditorías de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que pudiese hacer al centro de escuchas telefónicas. Los funcionarios aseguraron que con la reforma buscan tener pruebas incriminatorias que permitan capturar a miembros de estructuras terroristas.
La petición de saltarse las auditorías fue realizada por el ministro de Seguridad, pero el fiscal Rodolfo Delgado profundizó y pidió que la PDDH designe a alguien en el interior del centro de escuchas telefónicas para que supervise el quehacer, pero sin emitir ningún informe. “En realidad, la función del procurador (designado) es únicamente verificar que no se violenten garantías constitucionales”, dijo Delgado.
Además, el titular del Ministerio Público también pidió que se eliminaran los procedimientos oficiosos que se hacen desde la PDDH, estas se harán “solo cuando haya una denuncia sobre violaciones al derecho a la intimidad”. Estas serán reservadas y remitidas al fiscal general, él decidirá si procederá o no.
Por su parte, los diputados oficialistas acataron las disposiciones de los funcionarios sin hacer cuestionamientos.
Sobre las reformas a la Ley de Telecomunicaciones se pretende que los operadores faciliten información relevante para la investigación del delito, que contribuya a la captura de los grupos terroristas.
En sí, obliga a las operadoras, a adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para obtener y almacenar por medio de aplicaciones informáticas y soporte tecnológico las imágenes de los documentos y fotografías del usuario o adquiriente que contraten servicios de telecomunicaciones y que además localicen geográficamente el lugar donde se realiza la venta y activación del servicio.
Además, ordena que las operadoras, de acuerdo con el servicio que preste a la población, lleve un registro de todos los usuarios, incluyendo los prepagos, debiendo mantener dicha información a disposición de la autoridad competente en la investigación de delitos que la requiera.
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