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@elder_gomez_2
Diputados que integran la Asamblea Legislativa tienen previsto aprobar la próxima semana la Ley Especial contra la Trata de Personas y Delitos Afines, cialis que penará hasta con 18 años de prisión a rufianes y clientes de ese polémico servicio, health reconocido como tal por diversas organizaciones feministas.
Los legisladores que integran la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, acordaron la víspera dar el visto bueno a la nueva legislación, que consta de 71 artículos, no sin antes conseguir que la Fiscalía opine sobre los parámetros legales que regirán la nueva legislación.
“Esta ley va a tener legitimidad porque ha sido el resultado de todo el concurso de todas las instituciones que tienen que ver con el tema de Trata de Personas”, aseguró Rodolfo Martínez, legislador por el oficialista FMLN.
Rodolfo Parker, presidente del organismo legislativo, detalló que la nueva legislación contempla la creación de un Consejo Superior, que tiene previsto construir un Plan Nacional para combatir ese flagelo, previo a la elaboración de Políticas Públicas y de un Plan de Acción. “Se está construyendo un nuevo andamiaje institucional (contra la trata de personas”, aseguró Parker, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Parker dijo que la nueva legislación, que busca castigar con entre 10 y 18 años de prisión a rufianes y a quienes contraten ese tipo de servicios sexuales, ha sido estudiada por los legisladores durante siete meses, quienes han escuchado en ese tiempo opiniones de representantes de diversas instituciones que luchan contra ese flagelo.
Sin embargo, Martínez explicó que el estudio y aprobación de la legislación que castigará la trata de personas requiere de la asistencia del Fiscal General, Luis Martínez, quien desoyó un llamado del organismo legislativo que buscaba escuchar sus valoraciones entorno a los parámetros legales que contempla la legislación para penalizar a los que resulten implicados en ese delito. Los miembros de la Comisión legislativa, no obstante, tienen previsto reunirse mañana, viernes, con Martínez, en la sede del Ministerio Público, en el sur de la capital, para escuchar sus opiniones sobre la parte penal de la legislación, reveló la diputada por la opositora ARENA, Lucía Deleón. “No queremos terminar eso (la ley) sin tener la opinión de la Fiscalía y que después se deslegitime una ley que ha costado y nos está costando mucho”, advirtió el parlamentario por el FMLN. Deleón dijo que su fracción legislativa ha solicitado que, además del Fiscal General, brinden opiniones sobre los parámetros legales de la nueva legislación, “los jueces, (por)que son los que aplican la ley”.
Además, así como Martínez, la legisladora anunció que con la entrada en vigencia de la nueva legislación contra la trata de personas, deben ser reformados algunos artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal para incluir en las penas a los “explotadores sexuales o eróticos”, es decir, a los clientes. Las modificaciones a ambos códigos penales deben hacerse también para que sean penalizadas las personas que usen las redes sociales o el Internet para prostituir jóvenes y a aquellos que utilicen esa prestación informática para conseguir ese servicio, explicó la parlamentaria.
La nueva legislación contrasta con las políticas de organizaciones feministas, que reconocen que las personas que ejercen la prostitución en El Salvador, son “trabajadoras y trabajadores del sexo”.
