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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, junto a diputados de la Comisión Ad Hoc para el estudio de la Ley General de Recursos Hídricos, brindó un pronunciamiento con respecto a la aprobación de la ley de aguas, donde afirmó que se «saldó una deuda histórica».
Castro detalló que la Ley General de Recursos Hídricos tiene como base tres ejes principales: «el Estado velará para que este recurso no se privatice, el agua como un derecho humano fundamental para todos y el Estado garantizará el buen uso del recurso».
Además, explicó que la normativa fue «ampliamente» consultada con diferentes sectores de la sociedad, lo cual reflejó «un compromiso» de la Asamblea por legislar «por un marco jurídico inclusivo, participativo y robusto».
Sin embargo, dicha normativa ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil (ver nota aparte). A pesar de lo anterior, el presidente Castro afirmó que en la instancia legislativa se recibió aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa del agua, de la academia, iglesias, representantes del sector privado, del Gobierno y expertos en el tema, pero, muy pocas fueron tomadas en cuenta ya en la propia Ley General de Recursos Hídricos.
«(El martes), hicimos historia. Hemos aprobado la Ley General de Recursos Hídricos, una normativa que los políticos del pasado se negaron a aprobarle al pueblo. Ellos solo se aprovechan de las necesidades de la gente y solo hacían la pantomima en las comisiones», expresó Castro en conferencia de prensa.
De hecho, fue en 2006 que se presentó la primera ley de aguas por parte de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, no se concretizó por años.
«En la Comisión de Medio Ambiente, los exdiputados solo buscaban beneficiar a los pequeños grupos de poder. Seguramente, ahí también pasaron muchos maletines negros, ellos tenían como visión que la ANEP administrara los recursos hídricos del país», arremetió Castro.
Sin embargos, para los defensores del derecho al agua, aseguran que la recién aprobada ley de aguas favorece “a los mismos de siempre”, al gran capital, y con nombre y apellidos mencionaron a las familias Dueña y Poma.
“Hemos demostrado que no necesitábamos 15 años, que esto se trataba de tener la voluntad de servirle al pueblo salvadoreño, la voluntad de dejar atrás esas mañas que tenían los políticos del pasado. Ellos legislaban para pequeños grupos privilegiados”, añadió el presidente legislativo.
El Estado, a través de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), será el garante para velar que el agua sea usado de una manera adecuada, «hemos garantizado que el agua no se va a privatizar», concluyó Castro.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, quien votó junto a Nuevas Ideas para la aprobación de la Ley, sostuvo que el país necesitaba la ley de aguas. «Tomé la decisión de votar a favor y eso me ha generado un costo político, ya lo había previsto pero habían transcurrido 15 años sin ley», destacó Sol.
Sin embargo, Wright Sol comentó que la ley de aguas que se aprobó la noche de este martes «no fue producto del diálogo» ya que en las 15 sesiones de la Comisión Ad Hoc, no fueron tomados en cuenta las recomendaciones de diferentes organizaciones. «No todos los partidos políticos fuimos (invitados) a formar parte de esa comisión y el producto final, deja algunos cuestionamientos importantes y áreas donde se tiene que trabajar».
Pero, «mis consideraciones partían desde que el país no puede seguir postergando el iniciar el proceso de establecer un rector en cuanto al recurso hídrico», enfatizó Wright Sol.
La entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos será 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
