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Por Anna Cuenca
Madrid/AFP
Los diputados españoles dieron luz verde este miércoles, por amplia mayoría, a la abdicación del rey Juan Carlos, abriendo el camino a la próxima proclamación de Felipe VI, pese a los llamamientos a un referéndum sobre monarquía o república.
La ley fue aprobada por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones por los diputados, de viva voz y puestos en pie, en un procedimiento poco habitual pedido por algunos partidos pequeños partidarios de una república.
Estos habían presentado cinco enmiendas pidiendo un referéndum sobre el modelo de Estado, pero la cámara las rechazó por amplia mayoría.
Las dos grandes formaciones, el gubernamental Partido Popular (PP, derecha) y el opositor Partido Socialista (PSOE), que suman más del 80% de los escaños y contaron con el apoyo de algunos partidos menores, habían dejado muy claro su respaldo a la Corona.
«No estamos aquí para modificar los hechos, sino para subrayar con nuestra ley que en España contamos con una monarquía parlamentaria», instaurada por la Constitución de 1978, aprobada por referéndum, había afirmado el jefe del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, en el inicio de un debate de tres horas tramitado de urgencia.
«Debemos decidir sobre la abdicación y solamente sobre la abdicación» y no sobre «la sucesión del rey Juan Carlos I por su hijo el príncipe de Asturias», subrayó el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, después de haber llamado a cerrar filas a los diputados republicanos de su grupo, al menos uno de los cuales rompió la disciplina de voto.
El rey Juan Carlos, de 76 años, uno de los artífices del retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista (1939-1975), pero con una imagen empañada en los últimos años por los escándalos, sorprendió a todo el país al anunciar el 2 de junio su decisión de abdicar.
Su hijo, de 46 años, debe ser proclamado nuevo rey Felipe VI ante diputados y senadores el 19 de junio, sin presencia de invitados extranjeros ni ceremonia religiosa, tras la aprobación dos días antes de esta ley por el Senado.
‘¿Y la ciudadanía qué opina?’
Pese a haber escapado a la caída de popularidad de su padre y de la monarquía, como otras instituciones en un país sacudido por la corrupción, el nuevo rey deberá conquistar su legitimidad como hizo Juan Carlos impulsando la democracia tras su coronación en 1975 y frenando un golpe de Estado militar en 1981.
Según dos sondeos publicados este fin de semana, un 62% de españoles quiere un referéndum, pese a que la mitad o más apoyaría la monarquía.
Sin embargo, con gritos de «¡España, mañana, será republicana!», tras el anuncio de la abdicación del rey, decenas de miles de personas habían salido a las calles de todo el país, con la bandera roja, amarilla y morada de la Segunda República (1931-1939).
Este miércoles, unas decenas de manifestantes gritaban «¡Monarquía, abolición!» cerca del Congreso, en cuyo interior se alzaban también voces disonantes.
«La jefatura del Estado, un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. ¿Y la ciudadanía qué opina?», lanzó el líder de Izquierda Unida, el comunista Cayo Lara. Y recordó a los republicanos muertos en la Guerra Civil (1936-1939) o exiliados durante el franquismo.
«Todos los menores de 56 años no votamos la Constitución, es decir, que los 34 millones y medio de ciudadanos que hoy tienen derecho a voto, más de 22 millones, el 64%, no pudimos decidir sobre el modelo de Estado», subrayó el nacionalista valenciano Joan Baldoví, recordando que en 1978 la edad para votar era 21 años.
«La baraja está trucada, sólo salen reyes», lanzó Sabino Cuadras, de la coalición independentista vasca Amaiur, que no quiso participar en la votación.
Los independentistas catalanes ERC votaron «no» y los nacionalistas catalanes CiU y vascos PNV se abstuvieron, ilustrando las turbulencias a las que tendrá que hacer frente Felipe VI.
Rubalcaba llamó a los legisladores a «no desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre, ni el impulso por la llegada de un nuevo rey» para llevar a cabo una próxima reforma constitucional que solucione problemas como el creciente independentismo en Cataluña, decidida a organizar el 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación calificado de «ilegal» por Madrid.
