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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de evitar que los partidos políticos, candidatos o personas naturales desarrollen campaña política antes del tiempo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los diputados que integran la comisión de Reformas Electorales, de la Asamblea Legislativa, estudian la posibilidad de endurecer las sanciones económicas para esta falta.
Según la legislación electoral, las multas económicas para quienes desarrollen propaganda antes del tiempo señalado por el TSE tienen un techo de cincuenta mil colones. Cabe mencionar que para las pasadas elecciones presidenciales de febrero de 2019, el organismo
colegiado sancionó a Gustavo López y Carlos Calleja, precandidatos de ARENA, por esta práctica.
“Este fue uno de los puntos en los que se acordó que si no se aprueba este jueves se verá la próxima semana, otro punto que vimos fue el de la eliminación de los colores partidarios en los centros de votación durante el día de las elecciones”, dijo Mario Tenorio, diputado de
GANA.
El legislador sostuvo que esta eliminación de colores partidarios sería para los vigilantes de partidos políticos a quienes se les entregaría un distintivo proporcionado por el TSE, a cambio de las camisetas o chalecos usados hasta la fecha.
Otro de los puntos estudiados por la comisión tiene que ver con la posibilidad de retirar la publicidad de partidos o candidatos de los medios de transporte, ya que estos circulan aún en los días en que se establece el silencio electoral, violando la legislación al exponer dicha propaganda.
“Si bien es cierto estos buses son propiedad de los empresarios del transporte público, esta es una concesión otorgada por el estado para transportar pasajeros y no para hacer propaganda a partidos políticos”, expuso el parlamentario.
La comisión de Reformas Electorales, además, tocó el tema de la ciudadanización de los organismos electorales temporales, esto para que los integrantes de los mismos no sean propuestos por partidos políticos sino escogidos de entre la población.
Los diputados tocaron el tema, a pesar del rechazo de la población, amparándose en que forma parte de un pliego de recomendaciones expuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales.
Entre las recomendaciones expuestas por la OEA figura la posibilidad de que el TSE pueda situar Juntas Receptoras de Votos (JRV) en hospitales y centros penales, aunque cabe señalar que en el caso de la población penitenciaria solo tendrían derecho a ejercer el sufragio quienes estén pendientes de recibir condena de prisión; es decir, en detención provisional.
