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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los diputados que conforman la comisión especial que investiga las asignaciones presuntamente irregulares de fondos que hicieron legislaturas anteriores a organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, pasarán el informe al pleno legislativo para que esta pueda aprobarse y que se emitan recomendaciones a la Fiscalía General de la República para la persecución de supuestos delitos. El informe elaborado por un equipo de abogados que la misma instancia legislativa juramentó establece que existen “indicios suficientes” de que líderes políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) supuestamente crearon mecanismos ilegales para facilitar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales.
Presuntamente, las oenegés habrían recibido desde el 2010 hasta 2020 un aproximado de $279 millones. Los legisladores se centraron en atacar a los exfuncionarios y omitieron profundizar en los que actualmente reciben fondos del Estado, un ejemplo de ello es el diputado del PDC, Reynaldo Carballo, quien recibe de parte del Estado, fondos para su institución, el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL).
En la sesión de este lunes, se leyó únicamente un extracto del informe presentado por los abogados penalistas, el cual contiene las conclusiones y las recomendaciones generadas a partir de la investigación y las pruebas solicitadas.
Según Alexia Rivas, diputada presidenta de la comisión, al informe final se le agregarán las consideraciones que se han hecho en las diferentes jornadas y los aportes de los abogados al informe final para luego trasladarlo a la Junta Directiva. El informe final se presentará al pleno legislativo para su correspondiente aprobación, según lo establecido en el reglamento interior de esta Asamblea.
Los abogados, en su momento, sostuvieron que existió una ausencia de solicitudes para asignar fondos, omisión de justificación de proyectos, utilidad social a generarse, falta de plan de ejecución financiera y nulo mecanismo de contraloría. En este sentido, aclararon que un proceso penal tiene por finalidad establecer dos puntos: la existencia de un delito y la participación de una persona o más. Sería la FGR quien concluirá la investigación.
El informe elaborado por los abogados concluyó en que los supuestos delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son: peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
La comisión especial, según comentó Rivas, quedó cerrada. De las comisiones especiales aún queda abierta, y que tiene meses sin sesionar es la que investiga la supuesta entrega de sobresueldos.
