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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Diputados del grupo parlamentario del FMLN pidieron ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación por el posible cometimiento de actos arbitrarios, malversación de fondos e incumplimiento de deberes al interior del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los congresistas presentaron el aviso una semana después de que el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, no atendiera una cita de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa para que detallara la forma en que se han ejecutado $55 millones en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Según expuso la parlamentaria Yanci Urbina, miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los responsables de la cartera de Agricultura habrían incurrido en delitos que “comprometen la estabilidad financiera de la institución” y han faltado a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (artículos 42 y 43) y a la misma Constitución de la República (artículo 229).
“El Ministerio de Agricultura modificó el presupuesto de su institución sin hacer todo el procedimiento de autorización por parte de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Hacienda como corresponde según la ley”, aseveró.
Además, detalló que Agricultura hizo uso discrecional de los recursos de su presupuesto, incluyendo aquellos destinados al pago de salarios de sus trabajadores y que en el expediente anexo que el ministerio remitió al hacer una petición de refuerzo presupuestario, la institución confirmó haber usado el dinero de su presupuesto para celebrar contratos de adquisición de granos básicos.
El Gobierno ha solicitado reorientar otros $23 millones para la cartera de Agricultura y continuar con el plan de seguridad alimentaria, sin embargo, no ha reportado información detallada sobre la ejecución de los recursos a la Corte de Cuentas de la República ni a la Asamblea Legislativa.
El diputado Javier Valdez recalcó que no es un argumento válido de parte del MAG manifestar que no hay personal que genere la información requerida por la Corte de Cuentas y la Asamblea Legislativa, en alusión a que el ministerio ha alegado que su personal encargado se encuentra contagiado de COVID-19. Valdez dijo que es información que ya existe y se generó cuando se realizaron los procesos de compra.
