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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Tras la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que dice que las reformas al decreto 640 era inconstitucional por parte de los diputados, a tempranas horas de ayer jueves los legisladores reaccionaron y dijeron que acatarían con la decisión de la Sala.
Hay que recordar que estas reformas al decreto 640 se hicieron en noviembre del 2020, donde se proyectaban 354 millones de dólares para la contrapartida de FOMILENIO II, el pago al FODES y pago a veteranos de guerra. Estos fondos iban a hacer sustraídos de los $1,000 millones que el Gobierno consiguió en préstamos, sin embargo, el mismo Ejecutivo dijo que ya no los tenía, es decir, los gastó sin haber pasado por una asignación en la Asamblea Legislativa.
Está controversia se fue para la Sala donde estuvo aproximadamente un mes en estudio.
El diputado presidente de la Asamblea, Mario Ponce dijo que lo único que tiene que hacer es “acatar la resolución de la Sala. Eso ya es un hecho consumado y no tenemos más que discutir sobre ese asunto. Siempre hemos dicho que las sentencias de la Sala se tienen que cumplir al pie de la letra”, dijo.
“Nosotros quisimos resolver los problemas, y no es una problemática creada por esta Asamblea Legislativa, es creado por un órgano de Estado (Ejecutivo), en el cual está pasando por encima de la Constitución y la ley”. Y con respecto de dónde podría sustraer los fondos para lo que quedó en la intemperie, el presidente legislativo mencionó que no tiene “la bolita mágica”, para decir de donde se podrían sacar dichos fondos.
Mientras que los 354 millones de dólares de préstamos no se sabe dónde están, aseguró Ponce, porque “no se pagaron a proveedores, no se pagó el IVA al exportador, no se les transfirieron a los comerciantes informales”.
El funcionario argumentó que la Sala se “hubiera ido más a fondo, ya que se fue más a la parte superficial”, ya que no se pronunció sobre los movimientos presupuestarios.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina señaló que la Sala desestimó el argumento del Ejecutivo en el sentido de decir de que puede disponer de los recursos, ya que es la Asamblea quien determina los destinos de los fondos. En la sentencia dice que “las asignaciones presupuestarias las hace la Asamblea y que el Ejecutivo no puede estar haciendo transferencias o adecuaciones presupuestarias, sin pasar por la aprobación de la Asamblea”. Asimismo, la parlamentaria cuestionó sobre dónde están esos $354 millones. También sobre los siete meses que se les adeuda a las alcaldías, esto se tiene que resolver, indicó Urbina.
La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que lo inconstitucional es de forma, porque lo que se señaló es que no hubo una consulta con el Ejecutivo para asignar los recursos. “La Asamblea por Constitución puede asignar recursos, por eso lo hicimos, lo que queríamos era resolverle a las 262 municipalidades, a la población que habita en todos esos lugares y que es un problema grave tras la deuda de los siete meses al FODES. La diputada del partido de izquierda dijo que los recursos tienen que estar porque no se asignaron; por lo tanto, como fracción seguirán estudiando el caso.
ARENA, a través del diputado René Portillo Cuadra, manifestó que como partido han respetado siempre las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y esta no será la excepción, sin embargo, no descartó que se puede volver a crear un nuevo decreto legislativo para solventar a las alcaldías, a FOMILENIO y a los veteranos para que se puedan entregar el dinero correspondiente para solventarles.
Cuadra expresó que en el argumento de la sentencia atribuye a cada uno de los órganos aspectos que no fueron tomados en cuenta.
Al Ejecutivo, la Sala le señaló que habría usado recursos que no habían sido asignados por la Asamblea, mientras que al órgano Legislativo le señaló que no escuchó lo suficiente al Ministerio de Hacienda para poder adjudicar esas partidas presupuestarias.
El aliado del Gobierno Central en la Asamblea Legislativa, Juan José Martel, de Cambio Democrático, comentó que la Sala señaló lo fundamental de la inconstitucional son “vicios de formas”, en lo que se demuestra que el debido proceso se vuelve absolutamente necesario en la dinámica de formación de ley. “En ese sentido es una buena advertencia que puede permitir a la Asamblea entender que los procesos formales deben de respetarse pata garantizar la legitimidad y su legalidad”, agregó Martel.
Mientras que el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez reiteró que dicho decreto desde un inicio era una ilegalidad porque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en octubre había retirado dicha propuesta de asignación de los 354.2 millones de dólares, pero que los diputados en su “afán” de hacer prevalecer su ego político, decidieron que iban a dictaminar, cuando ya no existía ese dinero, “porque el Gobierno lo mandó a BANDESAL a través de un mecanismo interno, para que pudieran distribuirlo a las empresas que habían calificado para una ayuda para enfrentar la pandemia”.
También del partido GANA, Guillermo Gallegos, dijo que el fallo de la Sala, “es una buena lección y un revés para ARENA y FMLN, en el sentido que ellos no son quienes están autorizados para asignar fondos sin que el ministro de Hacienda haya dado su punto de vista, igual pasó con el presupuesto”. Agregó que la Sala con este fallo “demuestra que está haciendo valer la Constitución y me alegra mucho, es un revés para el abuso que cometen los partidos mayoritarios”.
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