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Rogelio Canales director ejecutivo del Centro Nacional de Registro (CNR) . Foto Diario Co Latino / Ricardo Chicas Segura

Dirección ejecutiva de CNR aclara situación por conflictos en la institución

Alexander Pineda
@Alex92DCL

Tras las protestas por parte del sector sindical, del Centro Nacional de Registros (CNR), el pasado viernes, el director ejecutivo de la institución, Rogelio Canales Chávez, explicó a este medio que las reivindicaciones de los trabajadores son válidas, puesto que existe un acuerdo tomado acerca del contrato colectivo de trabajo, sin embargo, existe un trasfondo extrainstitucional en la aplicación de dicho acuerdo.

Los trabajadores aglutinados en el Sindicato de los Trabajadores del Centro Nacional de Registros (STCNR) y el Sindicato de los Trabajadores Solidarios del Centro Nacional de Registros, exigían el cumplimiento de una serie de disposiciones consignadas en el contrato colectivo de trabajo referentes a un ajuste salarial, aprobado el año pasado.

El titular de la entidad de registros detalló que desde finales de 2017, el CNR inició un estudio institucional para la planificación e implementación de una política integral de salarios, la cual fue aprobada el 19 de diciembre de 2018, por el consejo directivo de la institución. La nueva política salarial entraría en vigor a partir del mes de marzo de 2019.

No obstante, dado que el contexto en el que se pretende impulsar la política de salarios del CNR es una transición a un nuevo gobierno, esta quedará a disposición de lo que la dirección entrante determine, puesto que el pasado 11 de febrero, según detalló, Canales Chávez, recibió el lineamiento por parte de la Presidencia de la República para evitar hacer cambios que impliquen movimientos de plazas de confianza a plazas técnicas, aumentos salariales o negociaciones de prestaciones laborales adicionales durante el proceso de transición.

También, en días posteriores a los comicios presidenciales, el presidente electo, Nayib Bukele, vía redes sociales, advirtió a titulares de instituciones públicas a abstenerse de realizar modificaciones en el estatus laboral de los trabajadores o aumentos salariales en periodo de transición, de no acatar la advertencia, estos serían sancionados y hasta juzgados penalmente.

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