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@elder_gomez_2
La Asamblea Legislativa responderá a la polémica Sala de lo Constitucional, there de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), unhealthy que ordenó el miércoles al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, congelar la colocación de $ 900 millones en Títulos Valores, o bonos, destinados al fortalecimiento de la debilitada Seguridad Pública del país.
Con los votos de 64 de los 84 legisladores que integran el congreso salvadoreño, el Pleno Legislativo autorizó a su Junta Directiva compilar pruebas de que el 23 de abril pasado no se violentó la Constitución Política de 1983, al autorizar al gobierno la colocación de los bonos.
La Sala de lo Constitucional, que admitió esta semana una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema presentada por un particular, ordenó al gobierno del FMLN inmovilizar la colocación de los bonos, al argumentar en su “medida cautelar” presuntas irregularidades en la aprobación legislativa del asunto.
La Sala, como es conocida popularmente esa máxima dependencia judicial, cuestiona que el dictamen a favor de la colocación de los Títulos Valores, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, fue enviado al archivo al no lograr en aquella fecha uno de los 56 votos que requería para su aprobación.
Además, el abrupto cambio de la ex diputada de GANA, Sandra Salgado, quien se abstuvo de votar por los Títulos Valores, por el legislador suplente, Wilfredo Guevara, quien dio su apoyo a los bonos, después que la ahora presidenta del congreso, Lorena Peña, pidiera que el Dictamen no fuera enviado al archivo, como había sido solicitado por la derecha, representada por ARENA.
La Asamblea Legislativa autorizó a su Junta Directiva que recabe las pruebas, como grabaciones de audio, vídeos y documentos, para desvirtuar la demanda de inconstitucionalidad presentada por el particular a la CSJ.
“Fue constitucional”
“El procedimiento fue correcto, de acuerdo a la Ley”, exclamó Peña, ahora presidenta del parlamento salvadoreño, al cuestionar la decisión de la Sala de lo Constitucional sobre el congelamiento en la colocación de los bonos.
Agregó que “no creo que la Sala ha mentido (al tomar la medida cautelar con base a la demanda de inconstitucionalidad), pero el demandante, sí ha mentido”.
Mario Ponce, legislador por el PCN, quien recomendó de manera insistente a sus colegas no confrontar con los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, recordó que el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto “no se fue al archivo”.
“En la misma Sesión Plenaria se acordó conocerlo de nuevo (el Dictamen)”, reiteró el parlamentario, quien también afirmó que, según el Reglamento Interno del congreso, un legislador suplente “puede ser llamado a formar Asamblea…(porque) representan al pueblo entero”.
Mauricio Vargas, legislador por la opositora ARENA, negó que su partido político haya aplaudido la decisión de la Sala de lo Constitucional, de ordenar al gobierno el congelamiento de la colocación de los $ 900 millones en bonos para equipar a la Policía Nacional Civil (PNC), desarrollar programas de prevención de la violencia y otros proyectos de desarrollo social.
“No es cierto que ARENA esté contenta con que esos problemas existan, no es razón de contentarnos con esos problemas”, aseguro el parlamentario, aunque el oficialista FMLN responsabiliza a la derecha salvadoreña de estar detrás de la Sala de lo Constitucional para crear “ingobernabilidad” en El Salvador.
Al respecto, la legisladora por el FMLN, Jackeline Rivera, reiteró que “hay una intención de generar inestabilidad, incertidumbre” con la medida cautelar que decretó la Sala de lo Constitucional al evitar que el gobierno coloque los bonos.
“La Sala hace días que dejó de actuar como juez… es un poder absoluto”, sentenció la parlamentaria, quien recordó que la CSJ, “de manera discrecional, reforma la Constitución” salvadoreña.
