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Por Daniel Bosque
Barcelona/Berlín/AFP
A dos días del referéndum de autodeterminación prohibido, los dirigentes independentistas de Cataluña aseguraron disponer de más de 2.300 colegios electorales y presentaron las urnas de la votación, comprometida ante las medidas del gobierno y de la justicia españoles para impedirlo.
Tras cinco años reclamando una consulta sobre la independencia de esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, rechazada repetidamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarla a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
En una rueda de prensa, el gobierno regional ofreció algunos detalles sobre la organización del escrutinio al que están llamados a votar 5,3 millones de ciudadanos de esta región que representa un 19% del PIB español.
«Al final habrán 2.315 colegios electorales», 207 de ellos en Barcelona, y 6.949 mesas de votación, señaló el portavoz Jordi Turull, una cifra muy similar a los 2.700 instalados en las elecciones regionales de 2015.
Algunos se instalarán en espacios poco habituales como centros sanitarios o, en contados casos, en plazas donde el gobierno regional prevé instalar carpas para efectuar la votación, explicó su portavoz.
Los dirigentes independentistas mostraron por primera vez las urnas que se utilizarán para el escrutinio, buscadas desde hace semanas por los cuerpos de seguridad: unas cajas de plástico transparente con una tapa negra y ranuras para introducir la papeleta.
«No será un referéndum»
«Lo que suceda el día 1 no será un referéndum», señaló el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, enumerando las numerosas carencias del escrutinio.
El organismo de supervisión electoral fue disuelto con sus miembros amenazados por multas de 12.000 euros diarios y el departamento encargado del recuento de votos fue registrado por la policía la semana anterior.
También la policía cerró las webs con información del voto, dificultando enormemente a los electores consultar su colegio electoral.
Además, una jueza, que investiga al gobierno regional por desobediencia, malversación y prevaricación, ordenó a las policías en la región el cierre de los diferentes espacios (escuelas, polideportivos e incluso centros sanitarios) designados como puntos de votación.
La policía regional catalana se mostró reticente a cumplir esta instrucción alegando el «más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar».
Pero al frente del dispositivo de seguridad está el ministerio del Interior, que quiere hacer cumplir estas órdenes y cuenta además con miles de policía nacionales y guardia civiles enviados de refuerzo a esta región.
«Si alguien quiere intentar impedir que haya una mesa o quiere impedir que haya un colegio electoral, los ciudadanos igualmente podrán votar», dijo el vicepresidente Oriol Junqueras, sin descartar algún cambio de local a última hora.
Los militantes independentistas están organizándose por redes sociales para ocupar varios puntos de votación y mantenerlos abiertos hasta el domingo con tal de evitar el precinto policial.
Las medidas emprendidas contra el referendo -incautación de material electoral, detención de cargos públicos, cierre de páginas web, entre otros- generaron indignadas protestas en esta región, dividida sobre la independencia, pero ampliamente favorable a un referéndum legal y acordado.
Estibadores, bomberos, campesinos, abogados, sindicatos y estudiantes realizaron protestas denunciando la presunta represión del gobierno español, que también recibió una advertencia de dos expertos de Naciones Unidas recordándole la necesidad de «garantizar el respeto a derechos fundamentales».
Por su parte, Puigdemont mantuvo su campaña de promoción internacional recibiendo en la sede gubernamental a una treintena de diputados europeos que seguirán los comicios.
¿Votar o no votar?
La crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que daba más autonomía a Cataluña hicieron crecer exponencialmente el sentimiento independentista en esta región.
En septiembre de 2015, con un 47,6% de los votos, los independentistas se hicieron con una ajustada mayoría en el parlamento regional para emprender su proyecto de secesión, recibiendo reproches de la oposición de vulnerar los derechos y olvidar a los que discrepan.
Si bien la última encuesta del gobierno regional de julio daba mayoría a los contrarios a la secesión (49,4% contra 41,1%), los partidos y entidades del no declinaron hacer campaña y piden a sus seguidores abstenerse.
«El referéndum es una trampa», aseguraba a la AFP Álex Ramos, vicepresidente de la organización antiindependentista Sociedad Civil Catalana. «A ellos les da igual el resultado, lo que quieren es conseguir el derecho a la autodeterminación y tenerlo para siempre».
Países europeos piden prudencia a sus ciudadanos en Cataluña
Varios países europeos pidieron este viernes prudencia a sus ciudadanos en Cataluña por temor a una «escalada» debido a la celebración el domingo en esta región de un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española.
A dos días de la votación, el ministerio de Exteriores alemán modificó las recomendaciones a los viajeros en su página web y aconseja a los alemanes que se hallan en Cataluña «seguir los medios de comunicación locales, evitar las grandes concentraciones (…) y seguir al pie de la letra las recomendaciones de las fuerzas del orden».
«La policía y la justicia española tratarán de impedir la votación. Pueden haber manifestaciones en reacción, sobre todo el Barcelona», capital de la región, y «no se puede descartar una escalada», insiste el ministerio.
España vive desde principios de septiembre una de sus peores crisis políticas desde el restablecimiento de la democracia.
El ministerio de Relaciones Exteriores holandés también advirtió de «manifestaciones y acciones de protesta.
«Eviten las protestas. Tengan cuidado» advirtió, siguiendo el mismo tipo de alerta de viaje del ministerio francés.
Las manifestaciones «podrían continuar en los próximos días y alterar el transporte» público, explicó el ministerio de Exteriores francés.
