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RT / Agencias / Redacción Internacionales
El disidente y prófugo de la Justicia Iván Márquez informó el jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar «la lucha guerrillera».
«Ha comenzado la segunda Marquetalia (cuna histórica de la rebelión armada) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión», señala Márquez acompañado de Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez, El Paisa, prófugos de la justicia.
El anuncio supone el mayor revés a los acuerdos negociados en Cuba y suscritos en 2016 bajo el gobierno del exmandatario y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, que condujeron al desarme de unos 7.000 combatientes y que pretendían acabar con una rebelión de más de medio siglo y cientos de miles de víctimas.
«La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida», dijo Márquez en un video divulgado en redes sociales en el que aparece junto a hombres y mujeres armados con fusiles, entre los que se encontraban Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’. «Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas», agregó.
En un extenso comunicado, el ahora líder de las disidencias dijo que retomarán las armas con miras «a la paz cierta, no traicionada».
«Estamos trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social», indicó Márquez, quien dejó de comparecer ante los mecanismos establecidos tras la firma del pacto con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
El guerrillero, sobre quien pesa una orden de captura, advirtió que la nueva insurgencia no seguirá «operando en las profundidades de la selva» y agregó que el objetivo del grupo armado es «la oligarquía excluyente y corrupta».
El pronunciamiento llega a pocos días que se cumplan dos años del nacimiento del Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido fundado por los exlíderes de la guerrilla desmovilizada.
Uno de los puntos en los que insistió Márquez fue en su mensaje a los policías y militares en Colombia que «no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos».
Aseguró que no serán objetivo de la agrupación guerrillera, pero advirtió que responderán ante cualquier «ofensiva».
Otra de las políticas que, según Márquez, dejarán de practicarse en las filas de la guerrilla reagrupada serán los secuestros: «Desmarque total de las retenciones con fines económicos, priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas».
Márquez, quien ahora lidera esa fracción de la disidencia, hizo un recuento histórico de las «traiciones» que, a su juicio, la «oligarquía colombiana, esa oligarquía, excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país,» ha hecho a los procesos revolucionarios para concluir que «desde el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón».
«En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado», apuntó el ahora combatiente, quien acusó al Gobierno de incumplir con sus obligaciones para garantizar el derecho a la vida de la población y evitar los asesinatos por razones políticas.
También señaló al Ejecutivo de modificar unilateralmente el texto del acuerdo, de hacer «montajes judiciales» y promover la «inseguridad jurídica» de los excombatientes.
«Nos obligaron a regresar al monte (…) fuimos obligados a retomar las armas», dijo.
«El expresidente Santos juró con importada voz de Nobel de paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado (…), pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ellas por décadas», aseveró el guerrillero, tras hacer enumerar lo que considera incumplimientos por parte del Gobierno anterior y el actual, presidido por Iván Duque.
Márquez criticó la postura de Duque, quien ha amagado con hacer modificaciones al pacto porque su Administración no tuvo responsabilidad en la negociación, «desconociendo así que el acuerdo se firmó con el Estado y no con un Gobierno».
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- «El régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de
- clase, nos ha colocado frente a dos caminos: o se abre una recomposición como resultado de un
- diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso
- constituyente abierto, o esos cambios tarde o temprano serán conquistados mediante el estallido
- de la inconformidad de todo un pueblo en rebelión», leyó Márquez.
Para el guerrillero, el único propósito del acuerdo de paz era que las FARC entregaran las armas para después desconocer sus preceptos, lo que a su criterio quedó en evidencia desde que el Gobierno de Santos convocó un plebiscito «improcedente».
«Pareciera que más que blindar la paz, lo que quería Santos era derrotar a Uribe», señaló.
Por esa razón, aseguró que la solución para el conflicto es la instalación de «un nuevo Gobierno» en el Palacio de Nariño, que convoque «a un nuevo diálogo de paz» y involucre «a las fuerzas guerrilleras y a todos los actores armados».
A finales de junio de 2017, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declaró el fin del conflicto en el país suramericano con la entrega de las armas en poder de las FARC. El protocolo era el colofón de un proceso que contaría con la verificación de Naciones Unidas. El exmandatario sentenció en esa oportunidad: «la paz es real y es irreversible».
En septiembre de ese mismo año, las FARC dieron un paso que pareció la consolidación de la paz, al convertirse en partido político. La agrupación tomó sus mismas siglas insurgentes pero con un significado diferente: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Sin embargo, los desencuentros que surgieron entre el Gobierno y algunos líderes de las FARC sobre la implementación del acuerdo, los escollos judiciales para permitir que lo pactado tuviera rango constitucional y el asesinato de exguerrilleros en algunas zonas del país, empezaron a minar la confianza y afloraron las grietas dentro de las antigua organización insurgente.
El punto de quiebre fue la detención, en abril de 2018, de ‘Jesús Santrich’. El excombatiente no pudo tomar posesión de su curul en el Congreso —compromiso asumido por el Gobierno con las FARC para que tuvieran representación política—, debido a que fue acusado por un juez de Nueva York de haber enviado a ese país diez toneladas de droga, luego de haberse firmado el acuerdo de paz.
La detención provocó profundas diferencias en las filas de FARC, y Márquez fue el primero en expresarlas públicamente, ya que consideraba que el proceso iniciado contra Santrich y su potencial extradición a Estados Unidos, eran prueba de la «inseguridad jurídica» en que quedaban los excombatientes. El paso definitivo fue su negativa a tomar posesión de su curul en el Congreso y el posterior abandono de su sistema de seguridad, con «paradero desconocido».
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y exnegociadores de paz lamentaron el regreso a las armas de Márquez y sus compañeros, pero insistieron en defender el acuerdo que permitió el desarme de miles de combatientes.
Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko y presidente del partido, consideró como un «golpe bajo», una «desafortunada noticia» lo anunciado por sus excamaradas.
«La gran mayoría de la gente que se ha mantenido dentro del proceso se sigue manteniendo porque cree en él, está convencida, tiene preocupaciones, pero ese mensaje sí puede calar en algunos compañeros que están indecisos, puede hacernos algún daño», agregó.
A finales del año pasado, el presidente Duque pidió la inmediata captura de Velásquez y exigió a las autoridades «responder institucionalmente con contundencia».
