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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El pasado 28 de agosto se presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que suprime el Instituto de Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), para crear la Dirección de Integración, con lo cual aproximadamente 300 empleados de ambas instituciones quedarían sin su fuente trabajo.
Carlos Orellana, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de la Juventud (SITINJUVE), explicó que son 76 mujeres y 96 hombres de la institución quienes se quedarán sin empleo desde el 31 de diciembre de 2023, pero, esperan ser reinstalados en la nueva institución, aunque la propuesta de ley dice que en el caso de considerarse necesario habrá un proceso de evaluación para reincorporar alguna parte del personal.
“Esta situación ha generado un sentimiento de zozobra en el personal porque hasta el momento no hemos tenido información de la titular de la institución, no hay ninguna garantía que los empleados actuales podrán ser parte de la nueva institución, tenemos la voluntad de ser reubicados porque somos un personal altamente capacitado y con mucha experiencia”, aseguró.
El secretario general de la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), Erick Zelaya, afirmó que no están en contra de las transformaciones y cambios en las instituciones, sin embargo, exigen sean respetados los derechos laborales de los trabajadores en las instituciones afectadas, principalmente la estabilidad laboral, contemplado en el artículo 219 de la Constitución, el cual señala que se “garantizará la estabilidad en el cargo de los empleados públicos”.
“Hacemos el llamado al gobierno central a transparentar el proceso de fusiones y liquidaciones de instituciones públicas que ya es evidente y sistemático, y generar un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales para que dichos procesos sean ordenados y seguros, en el marco del respeto a los derechos laborales y garantizar servicios eficientes y de calidad a la población”, exhortó.
Zelaya recalcó que los trabajadores del INJUVE han demostrado alto compromiso con el país, participando en infinidad de misiones importantes, la pandemia, emergencias, juegos centroamericanos, entre otras tareas, además la atención de un sector importante como es la juventud del país, por lo cual la totalidad del personal debe ser considerado en la nueva institución.
“Haremos gestiones para ser escuchados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro; la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara; la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, Nayib Bukele, para garantizar que los derechos laborales de los trabajadores del INJUVE no sean irrespetados en la transformación del Estado”, sostuvo.
La líder sindical dijo que detrás de cada persona trabajadora hay niños, mujeres, adolescentes y adultas mayores quienes son su responsabilidad, y al quedar sin empleo de esta forma repentina, llega la precariedad, pobreza, afectación a la salud física y mental, perdiendo la calidad de vida en todo el grupo familiar.
Según la propuesta, a partir de la vigencia de dicha ley, la Dirección de Integración sucede en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones al INJUVE e INSAFORP.
