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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sostuvo que con las disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego se busca una trazabilidad de las armas y que el Estado tenga un registro de cuántas circulan en el país. El criminólogo Ricardo Sosa plantea que la criminología “no dispone de evidencia que esta sea una adecuada disposición”.
La Comisión de Seguridad y Justicia dictaminó a favor de aprobar disposiciones transitorias para presuntamente ayudar a las autoridades a tener control de las armas que circulan en el país. En el proyecto de ley se mencionó que, debido a los índices de criminalidad e inseguridad que hubo en El Salvador “tiempo atrás”, muchos ciudadanos se vieron obligados a adquirir armas de fuego ilegalmente para autodefenderse y defender los bienes de sus grupos familiares.
Y esa postura también la tiene el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. “Es una ley para la gente honrada, todos sabemos que venimos de una postguerra prácticamente, nosotros recibimos muchas solicitudes de ciudadanos que, en su momento, debido a la guerra que estábamos viviendo con las pandillas en los años anteriores, pues se hicieron de alguna arma para defenderse y a su familia”.
Según agregó Castro, estas personas “necesitan legalizar las armas, o sea, con esto vamos a evitar que existan en la calle armas ilegales, esto va a entrar también a un banco, a un registro en donde ya pueda haber una trazabilidad para las armas pues, y que ya no queden, así como están ahorita, que están en una total ilegalidad”.
El funcionario aclaró que las disposiciones “no es para los delincuentes o para gente que está diciendo -ah es que ahora el arma con la que se asesinaron a alguien, ahora la van a legalizar-, no, para nada, hay muchas disposiciones que vienen ahí, que también fueron discutidas en la comisión, en donde se ve que no es para los pandilleros que tenían armas o para los ladrones que tenían armas”.
Esto a raíz de un comentario del criminólogo Ricardo Sosa, quien planteó que, en el país, no se necesitan más armas de fuego en poder de la población. “Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial y un mal ejemplo de legislaturas anteriores”.
“Señor diputado presidente Ernesto Castro es demasiado el esfuerzo de la PNC, FAES y FGR en la guerra contra las pandillas para que se permita regularizar armas ilegales para la población. La delincuencia las roba y las hurta a los ciudadanos. La criminología no dispone de evidencia que esta sea una adecuada disposición. Por el contrario, se debe de promover las recompensas para denunciar”, agregó Sosa.
Ernesto Castro sostuvo que el planteamiento que hace Sosa, sobre que los delincuentes les roban las armas a las personas, “pero hombre, si eso de alguna manera es mejor, porque al final se va a llevar esa trazabilidad, porque el delincuente que es delincuente siempre te va a robar el arma, esté legalizada o no esté legalizada, y para el pueblo salvadoreño, para el país, es mejor tener una trazabilidad”.
A manera de ejemplo Castro sostuvo que “es como decir que te roban tu vehículo, por ejemplo, pero tu vehículo tiene un registro, tiene una placa, o sea, pones una denuncia y se puede ir buscando y ver a dónde está tu vehículo. Fuera mucho más difícil encontrar un vehículo que no tiene placa, que no tiene registro, que no se sabe de quién es”.
A pesar de que ya se dictaminó favorable, los diputados no la agendaron para la plenaria de este jueves; por lo que, podría ser aprobada la otra semana.
Propuesta de FESPAD
Entre tanto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) pidió a la Asamblea Legislativa que retome la propuesta de reforma a la Ley de Armas que en 2022; 14 organizaciones presentaron; a fin de que se limite la cantidad de armas por personas y fortalecer los requisitos para obtenerlas; “controlar y regular la posesión de armas de fuego en El Salvador es fundamental”.
La propuesta de FESPAD establece un límite de armas para una persona, prohibir a personas con historial de comportamiento violento que pueda tener un arma, exigir un examen psicológico para evaluar tendencias violentas, dar facultad a los municipios para restringir la circulación de armas, dar facultad al presidente para vedar el ingreso de armas al país.
