Diversos sectores exigen en carta abierta libertad de los ambientalistas de Santa Marta

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Esta carta abierta de las organizaciones, junto a Aliados Internacionales y diferentes asociaciones, que hemos girado este mes, pidiendo a académicos, estudiantes de doctorados y abogados, a que firmen esta petición de dejar en libertad a los cinco ambientalistas de Cabañas, que fueron capturados en enero del presente año”, explicó Pedro Cabezas, activista de ACAFREMIN.

La “Carta Abierta” está dirigida a la Fiscalía General de la República de El Salvador para que ponga en libertad a los cinco ambientalistas de Santa Marta, del departamento de Cabañas, que han sido “criminalizados” por su trabajo en defensa del agua. La carta señala que su mayor aporte nacional fue la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (2017).

“Escribimos como académicos y abogados de varios países del mundo que trabajamos en solidaridad con el pueblo salvadoreño para promover la justicia social y ambiental, y que estamos gravemente preocupados por la criminalización de los ambientalistas, la violación sistemática de los derechos humanos y el flagrante debilitamiento de la democracia en El Salvador perpetrado bajo el actual Estado de Excepción”, detalla la carta abierta.

Los cinco defensores detenidos el 11 de enero de 2023 son: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. En la misiva reconocen que los ambientalistas han venido luchando socialmente para “salvar el escaso suministro de agua” en el país, frente a la mega industria metalúrgica que no sólo realiza un uso intensivo del recurso hídrico, sino también es altamente contaminante del medio ambiente.

En la carta, los firmantes reconocen también el papel fundamental de los cinco ambientalistas en los acontecimientos que llevaron al Estado salvadoreño desde la Asamblea Legislativa, a la aprobación con 69 votos de la histórica prohibición nacional de la minería de metales en el año 2017, cuyo mérito se desprende de ser la primera a escala mundial.

“Cada vez hay más evidencias que demuestran que la causa abierta contra los cinco Defensores del Agua por el Fiscal General de El Salvador , por las presuntas asociaciones ilícitas, la presunta privación ilegal de libertad y el presunto asesinato de una mujer llamada María Inés Álvarez García Leiva, el 22 de agosto de 1989, carece de fundamento probatorio, viola la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, y viola el derecho al debido proceso consagrado en la Constitución salvadoreña y probablemente tiene motivacione políticas”, afirma la carta.

Sobre las pruebas de motivaciones políticas, las organizaciones detallaron la “falta de pruebas” que argumentan que pese a la gravedad de las acusaciones el ente fiscal presentó “cargos sin pruebas”, y que sólo cuenta con un testimonio de un “testigo protegido” que posteriormente admitió bajo juramento que no “tenía conocimiento de primera mano del presunto crimen”.

A lo que se suma una exhumación por más de una semana y no fue encontrado ningún cadáver en donde supuestamente estaba la víctima, de acuerdo con el testigo criteriado. Y varios de los acusados tienen una coartada para esa fecha de agosto de 1989, señalan en la carta.

Otra falla, es la “falta de garantías procesales”, y es que las organizaciones argumentaron que esto se agrava al incumplimiento de las “garantías procesales” de los acusados que inició luego de ser trasladados a un centro de detención permanente, en donde no se les permitió reunirse con su abogado defensor para preparar su defensa por más de 6 meses.

“Si bien los cinco pudieron finalmente reunirse con su abogado al ser puestos bajo arresto domiciliario en septiembre de 2023, esta violación del derecho al debido proceso pone de relieve las preocupantes irregularidades de este caso”, advierten en la carta.

En cuanto a Ley de Reconciliación Nacional, las organizaciones puntualizan que “la falta de pruebas y del debido proceso”, los cargos contra los cinco defensores del agua nunca debieron haberse presentado, a partir de que los cinco han sido acusados como combatientes del FMLN por sus presuntos actos durante el conflicto armado.

Los cinco ambientalistas, en tanto excombatienres, están amparados por la “Ley de Reconciliación Nacional de 1992”, firmada como parte del Acuerdo de Paz que concedió la amnistía a los excombatientes del FMLN como elemento central del proceso de reconciliación y desarme que puso fin a la guerra civil.

“Motivaciones políticas: La creciente evidencia sugiere que este caso contra los activistas anti-minería de Santa Marta no es al azar, ni está motivado por la genuina búsqueda de justicia por parte del Fiscal General. Más bien, grupos comunitarios en El Salvador creen que el caso fue presentado como parte de estrategia política más amplia del gobierno salvadoreño para permitir la entrada de la minería de metales a El Salvador en violación de la ley de 2017”, apuntan.

En 2021 el gobierno salvadoreño creó una nueva agencia pública llamada Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para regular la Industria Energética y Minera, y luego se unió a la institución internacional pro-minería, como el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible.

En la carta abierta incluyen su preocupación por la violación selectiva de la Ley de Reconciliación Nacional, ya que por un lado amordazan a los principales líderes del movimiento antiminería y por el contrario sofocan cualquier intento significativo que lleve ante la justicia a los principales responsables de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, ejecutada por los militares salvadoreños, que consideran “una señal reveladora de las motivaciones políticas” detrás del Caso ADES -Santa Marta.

“Las actuales dificultades de la economía salvadoreña – agravada por las desastrosas pérdidas asociadas a la adopción del Bitcoin como moneda nacional – probablemente se sumen a las motivaciones del gobierno para recuperar la minería de metales y silenciar a los defensores del agua de Santa Marta”, denuncian las organizaciones.

Y agregan: “el caso de los Defensores del Agua tiene intereses políticos, que van más allá de las injusticias personales perpetradas contra los cinco acusados. La amenaza políticamente motivada contra los Defensores del Agua de El Salvador reabre la amenaza contra el derecho democráticamente consagrado de los salvadoreños al agua limpia y a un país libre de minería de metales tóxicos”, reiteraron.

Pedro Cabezas señaló que con el envío y adhesión a la petición a la Fiscalía General de la República, las organizaciones esperan el cese a la detención arbitraria de los cinco ambientalistas de Santa Marta, Cabañas.

“Queremos publicar esta carta a principios de enero para comenzar a presionar al gobierno salvadoreño para que dé la libertad a los compañeros. La carta está dirigida a diferentes gremios de abogados de Estados Unidos, Canadá y Europa, y esperamos que entre 100 o 150 abogados la firmen y nos apoyen, aunque esperamos que sean más adhesiones, pero esperamos cien a 150 firmas”, sostuvo.

En la carta abierta, reafirman que este caso se convierte en emblemático por la amplia violación de los derechos humanos de alrededor de 70 mil salvadoreños detenidos bajo el actual “Estado de Excepción” sin el debido proceso, por la persecución política en curso de las organizaciones de la sociedad civil, de la intimidación a líderes sindicales y periodistas que se encuentran denunciando estas violaciones a derechos humanos y del debilitamiento de la democracia.

En la carta, las organizaciones no dudan de “La falta de pruebas, la falta de garantía del derecho al debido proceso, así como la violación a la amnistía concedida en virtud de la Ley de Reconciliación Nacional que siguió a los Acuerdos de Paz de 1992,.

“Los abajo firmantes escribimos para solicitar que el Fiscal General de la República abandone inmediatamente el caso contra los Defensores del Agua Salvadoreños. Solicitamos que la Fiscalía respete y haga cumplir los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluyendo el derecho al debido proceso y a la libertad de asociación”, dice la carta.

“Queremos que las organizaciones internacionales conozcan las implicaciones que tiene este caso de ADES Santa Marta, en materia de derechos humanos y la situación de los defensores ambientales en El Salvador”, puntualizó Cabezas.