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Por Leonel Herrera*
El próximo lunes 3 de febrero se sentará un precedente nefasto en la aplicación de justicia en El Salvador, cuando los ambientalistas de Santa Marta y ADES sean llevados nuevamente a juicio por un caso del que ya habían sido sobreseídos definitivamente.
Los activistas ambientales fueron absueltos el 18 de octubre del año pasado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. Por unanimidad, las tres juezas que integran el referido tribunal resolvieron que los supuestos hechos imputados no constituyen delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra y que, por tanto, es imposible la acción penal debido a la prescripción.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República, en su sádica obsesión de condenarlos a como sea, apeló ante una cámara de segunda instancia que le cumplió sus deseos. Los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, de la Cámara Penal de Cojutepeque, anularon el fallo absolutorio y ordenaron repetir el juicio en otro tribunal.
De manera arbitraria y subjetiva, los referidos magistrados plantearon que las juezas (de Sentencia de Sensuntepeque) no debieron resolver el caso vía prescripción, sino abordando el fondo del asunto y revisando las “pruebas”. Pruebas que, por cierto, no existen.
El principal “elemento probatorio” de la acusación de la Fiscalía sigue siendo el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido.
El tribunal que repetirá la vista pública es el Juzgado de Sentencia de San Vicente, que realizará la nueva audiencia del 3 al 6 de febrero en las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado. San Salvador.
Este “doble juzgamiento” constituye una violación flagrante y aberrante de uno de los principios más elementales del debido proceso penal: el que prohíbe juzgar a una persona dos veces por la misma causa.
Por eso el caso es un escándalo nacional e internacional. Muestra de la preocupación e indignación mundial que éste provoca es la carta pública de casi 300 organizaciones de 44 países que piden terminar con la persecución judicial contra los ambientalistas.
Esta semana también se pronunció Mary Lawlor, la célebre Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, quien dice seguirá de cerca la realización de la audiencia y pide garantizar el derecho a defender derechos humanos.
En su publicación en la red social X (Antes Tuitter), la funcionaria de las Naciones Unidas advierte que “el caso ha cobrado aún más importancia después de la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”.
La comunidad Santa Marta y las organizaciones que apoyan la demanda de libertad de los líderes ambientalistas advierten sobre un plan macabro que consistiría en condenarlos, encarcelarlos y probablemente asesinarlos al interior del sistema penitenciario.
Además de la falta de independencia judicial, las organizaciones creen que la imposición gubernamental de la minería metálica anula cualquier posibilidad de un nuevo fallo favorable a los líderes ambientalistas que advirtieron sobre la reactivación de esa nociva industria.
La predicción es tenebrosa, nadie debería pasar desapercibido.
*Periodista y activista ambiental.
