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Gloria Silvia Orellana
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Ellos se han convertido en otros activistas más del gobierno”, dijo Saúl Rivas Ortega, integrante de la Asociación ADES Santa Marta, quien junto a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, enfrentan una nueva vista pública, por orden de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque.
“Son otros activistas más del gobierno para hacer ese tipo de resoluciones, creo que mejor deberían buscar un partido político los señores magistrados”, manifestó Rivas.
Los magistrados sólo tenían que haber analizado y emitido una “resolución jurídica” sobre la decisión del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que dictó el sobreseimiento definitivo para los ambientalistas, pero en su lugar, aplicaron de forma errónea una norma jurídica”, lo que deja dudas sobre el proceso judicial.
Diversas organizaciones sociales, religiosas, movimiento popular y academia denunciaron las irregularidades en el proceso judicial que se lleva contra los cinco ambientalistas de San Isidro, Cabañas, desde el 11 de enero de 2023, cuando la Fiscalía General de la República (FGR), los acusó de un supuesto caso de privación y asesinato durante el conflicto armado.
Sobre el proceso, no obstante, la argumentación y el testigo presentado por el ente fiscal no fue suficiente prueba, y el 18 de octubre pasado el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque otorgó un fallo absolutorio para los ambientalistas.
Saúl Rivas considera que este doble juzgamiento del caso de los ambientalistas tiene a la base acallar las voces disidentes contra la reversión a la ley que prohíbe la minería metálica en el país, y la defensa del agua y medio ambiente.
“Nosotros lo manifestamos desde el inicio, como ADES y la comunidad Santa Marta, que el fondo de nuestra detención era porque denunciamos la posible extracción minera en Cabañas y la reactivación de ese tipo de actividades. Y con los nuevos anuncios del gobierno, queda claro que no nos equivocamos, es una realidad”, afirmó.
“Y esto tiene que ver también con la misma resolución de los magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque, que está dentro del marco de la agenda de gobierno, y es por esto que los magistrados no han hecho una resolución jurídica si no política. Como parte de todo este marco de la explotación minera en el país”, reiteró Rivas.
Rivas es de la opinión que este proceso tenía una “connotación política” más que un proceso jurídico apegado a derecho para impartir justicia.
“En su resolución (Cámara), estableció que el Tribunal de Sentencia, estaba facultado para dictar ese tipo de resoluciones como el sobreseimiento definitivo a favor nuestro. Y ahora, ellos argumentan – a criterio de ellos -, se debió resolver de otra forma, entonces, no es problema de fondo ni de mala aplicación de la norma jurídica, sino una inconformidad de los dos magistrados” por la resolución, alegó Rivas.
ADES y Santa Marta expresaron su preocupación por la decisión de los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, “que decidieron arbitrariamente revertir el fallo justo y apegado a derecho”, al condenarlos a un doble proceso de juzgamiento.
“Esto indica que emitieron una resolución política, al final motivada por una situación política y nuevamente siguen el caso contra nosotros en la persecución, y ellos hicieron el negocio del año con la gente del gobierno. Y eso, con todo el respeto, no es ético ni moral”, indicó Rivas.
“Quedará asentada en la historia jurídica esta resolución contra nosotros que sólo hemos sido promotores del medio ambiente, el agua y la vida en Cabañas, pero decidieron sacrificar nuestra situación jurídica, personal, y familiar por conseguir sus propósitos que no van más allá de un interés de carácter personal”, reafirmó Rivas.
Impactos en la vida familiar de los ambientalistas
Saúl Rivas informó del fallecimiento de María Adela Morales, esposa de Pedro Rivas, uno de los cinco ambientalistas procesados. La muerte de Morales se debió a “una condición agravada de salud”.
“Ella, a raíz del operativo que desarrollaron hace 2 años, el 11 de enero de 2023, con todo lo que pasó, su salud se agravó, y desarrolló un fuerte padecimiento, y terminó perdiendo su vida este 8 de diciembre pasado”, señaló.
“Ella es una víctima más, de la cual, tienen responsabilidad estos magistrados, porque ella a raíz de conocer la noticia que su esposo volvería a ser procesado sufrió de nuevo un quebranto de salud y no pudo superarlo
ADES llama a defender los territorios contra la minería
Alfredo Leiva, directivo de ADES, manifestó que la intención de abrir al país a proyectos extractivistas, luego del anuncio presidencial de una derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, indicó que mantendrán la postura colectiva de defensa de los territorios y llamaron a la población a luchar porque se garantice el derecho al acceso al agua potable y protección del medio ambiente.
“Exigimos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a que desistan de las tenebrosas intenciones extractivistas y reflexionen seriamente sobre la continuidad de la vida y sobre el país que quieren heredar a las generaciones venideras”, dijo.
“Reiteramos el llamado a todos los sectores de la sociedad salvadoreña a manifestarse y movilizarse en favor del agua, la salud y la vida exigiendo mantener la prohibición de la minería metálica. Y consecuentemente, a cerrar filas por la libertad de los ambientalistas procesados ilegal e injustamente por denunciar la posible reactivación de la minería metálica, y advertimos a la población los inevitables daños”, prosiguió Leiva.
Asimismo, instaron a la Comunidad Internacional, como a Naciones Unidas (ONU) y las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos del mundo, pronunciarse y estar atentos del caso de los cinco ambientalistas de ADES- Santa Marta en el departamento de Cabañas.
“Ahora, no nos queda ninguna duda del trasfondo del caso de nuestros compañeros es una acusación sin pruebas y montada por la Fiscalía General de la República. Llamamos a las comunidades y diferentes organizaciones a estar alertas, a mantenernos unidos porque debemos defender la vida, el agua y el territorio”, puntualizó Leiva.
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