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@OscarCoLatino
Un grupo de docentes llegó a la Dirección Departamental de Educación de departamento de La Paz, para retomar las instalaciones, las cuales habían sido cerradas por un grupo de sindicalistas descontentos.
Patricia Alvarado, directora departamental de Educación, explicó que un grupo de 375 docentes, acompañado de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), llegó a las instalaciones de la departamental para retomar el control de las mismas.
El objetivo de los docentes era que en el corto tiempo se volviera a la normalidad el trabajo que se realiza en la departamental.
“Esa era mi preocupación más grande, son 2 mil 600 maestros que iban a ser afectados con la falta de pago de sus salarios”, aseguró Alvarado.
La directora departamental de Educación explicó que desde que se retomara el control de las instalaciones se inició con el trabajo necesario para los requerimientos de fondos al Ministerio de Educación (MINED), ya que tienen hasta el 9 del presente mes para hacerlo.
Alvarado aseguró que tienen el diálogo abierto con los sindicatos, sin embargo, miembros de algunos sindicatos se negaron a participar en las reuniones.
Por lo que considera que las acciones de protesta son “parte de la agenda desestabilizadora de la derecha para bloquear la bondad de los programas sociales”.
Al impedir el ingreso del personal a empleados administrativos se ocasionaba un retraso en el pago a los proveedores que surten los implementos del paquete escolar (útiles, zapatos y uniforme) entregado a los alumnos del sistema educativo público. La directora departamental de Educación desmintió que se hayan hecho despidos arbitrarios, Alvarado aseguró que las dos personas que citan los sindicalistas dejaron de laborar en la institución por renuncia voluntaria.
“Las dos personas a las que ellos se refieren fue por renuncia voluntaria, una no se presentó a trabajar y la otra persona tuvo un proceso penal, eso fue hace más de cuatro años”, aseguró Alvarado. Los sindicalistas adversos al Gobierno exigían la remoción de Alvarado bajo denuncias supuestos de abusos de poder e irregularidades.
Ante las acusaciones, autoridades de Educación explicaron que debe realizarse el debido proceso y comprobar una conducta irregular para efectuar la destitución de la funcionaria, pues, si no se actuaba así, se violentarían derechos laborales.
Alvarado no descarta que las acciones de protesta continúen en los próximos días, de volver a cerrar las instalaciones de la dirección departamental los sindicalistas podrían ser acusados de delitos como: desórdenes públicos, desórdenes públicos agravados, apología del delito, entre otros.
Sería la Fiscalía General de la República (FGR) la que tipifique los delitos, sin embargo, los delitos antes mencionados pueden ser castigados con penas entre los dos y cuatro años de cárcel.
De igual forma, el MINED podría iniciar un proceso interno para sancionar a los empleados de la institución que cometan este tipo de faltas, esto basado en la Ley de Servicio Civil que sanciona las faltas administrativas cometidas por empleados públicos.
