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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado más de 4 mil denuncias de abusos bajo el Régimen de Excepción, medida estatal que se ha convertido en política permanente desde marzo de este año para, supuestamente, combatir a las estructuras terroristas; sin embargo, a su paso, ha violentado los derechos humanos de ciudadanos que no tienen vínculos con pandillas.
Durante los seis meses que lleva el Régimen de Excepción en El Salvador, miles de personas han sido víctimas de abusos por parte de los cuerpos de seguridad con detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones. Así lo evidencian las 4,071 denuncias recibidas por siete organizaciones sociales entre marzo y septiembre del año en curso.
Las organizaciones recordaron que el Régimen de Excepción está cerca de cumplir siete meses y ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa de forma “inconstitucional”, ya que el periodo excepcional de suspensión de derechos se ha convertido en una política estatal permanente que expone a todas las personas del país a procesos judiciales sin la garantía del debido proceso, además de una serie de abusos por los que el Estado continúa sin responder ante la ciudadanía y organismos internacionales. De hecho, El Salvador ha sido fuertemente criticado, tanto por las mismas organizaciones como por organizaciones internacionales precisamente por violentar los DDHH de personas, en su mayoría jóvenes, que nada tiene que ver con pandillas.
“Uno de los estigmas sociales más evidentes bajo el Régimen de Excepción es el que viven las juventudes, que impacta en sus posibilidades de acceder a derechos básicos como la educación, el trabajo y la salud”, dijeron las organizaciones en su comunicado de prensa. Según la información planteada, la mayoría de las víctimas registradas en las denuncias son personas entre 18 y 30 años.
Hasta el momento, más de 55 mil personas han sido capturados bajo el delito de pertenecer a estructuras terroristas.
Del total de denuncias, 4,071, Cristosal representan un 59%, Amate un 56.8%, IDHUCA 55.6% y la Red de Defensoras 24%. Similar para SSPAS, con un 55.3%, y FESPAD con un 62%.
Las mujeres son en su mayoría las denunciantes, ya que son las que responden ante estos hechos buscando una solución. “También son las mujeres quienes deben hacerse cargo de sostener económicamente el hogar, quienes deben mantener la crianza de hijos e hijas, así como reorganizar sus vidas en torno a la detención o al seguimiento de la denuncia”.
En cuanto a los motivos de las denuncias, la mayor parte son por detenciones arbitrarias. Cristosal registra 97.2%, FESPAD 80.8%, SSPAS, 90.2%, IDHUCA, 79.7%; Red 76%, Amate, 73%, y un 100% en el caso de AZO. Los cuerpos de seguridad son los señalados como victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las organizaciones hicieron un llamado a detener injusticias y arbitrariedades originadas por la falta de procesos de investigación adecuados, así como a cesar violaciones de derechos humanos y abusos de poder por parte de las autoridades. “Las familias salvadoreñas necesitan medidas integrales de seguridad que protejan a la población, sin revictimizar a sectores vulnerables históricamente excluidos.
Los datos corresponden a: Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario (AZO) y Cristosal.
