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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La credibilidad de esta información desclasificada es muy fuerte para mí”, dijo Katherine Doyle, perito en análisis de Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Estados Unidos, quien rindió su testimonio en la sexta sesión del Caso Jesuitas, en la Audiencia Nacional de Madrid, España.
Kate Doyle, en su trayectoria como analista de documentos desclasificados, ha participado como perita documental en los procesos judiciales del expresidente peruano, Alberto Fujimori, y en Guatemala, en el juicio penal contra el expresidente, Efraín Ríos Montt.
En cuanto al Caso Jesuitas, Katherine Doyle ha sido convocada por la Audiencia Nacional Española, para confirmar la autenticidad de los documentos desclasificados que serán tomados en el proceso en el caso de la masacre de los padres Jesuitas y dos de sus trabajadoras, en noviembre de 1989.
Doyle expuso que, junto a un grupo de expertos, realizaron una investigación a profundidad entre más de 12,000 piezas de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y que, según Doyle, toda esta información permitió crear todo un contexto general de la situación que vivió El Salvador, en la década de los años ochenta durante el conflicto armado.
“Cuando hablamos de esos 12,000 documentos liberados, ahora probablemente 8,000 a 10,000 documentos están relacionados específicamente sobre el caso del asesinato de los jesuitas, la planeación, el crimen por sí mismo y los esfuerzos de encubrir la conexión, y toda esa información es relevante a ese caso, que forma parte de esa documentación”, dijo ante la Audiencia Española.
Como perito documentalista, Doyle agregó que ha explorado de manera profunda y a veces “dolorosa” los entresijos y situaciones de tensión y violencia que se suscitaron durante el conflicto interno del país, entre el Estado salvadoreño y el movimiento insurgente del FMLN, en ese entonces, que consideró una “guerra compartida”, por la relación estrecha que ha habido entre Estados Unidos y El Salvador.
“Teníamos obligación de examinar nuestra historia (EE.UU.) de involucramiento en las violaciones de los derechos humanos estudiados por la Comisión (de la Verdad), es por eso que en noviembre de 1993, el presidente Bill Clinton aprobó una orden ejecutiva de abrir los archivos relativos a El Salvador, en el marco de la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), señaló.
Asimismo, explicó que no todos los documentos estaban secretos pero encontraron alrededor de 12,000 documentos individuales, provenientes del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA y otras dependencias de gobierno estadounidense, de los cuales se compilaron entre 8,000 a 10,000 documentos desclasificados para el estudio del Caso Jesuitas.
“Los documentos normalmente tienen diferentes tipos de información y son de distinta índole, por eso los veo en distintas categorías de información: la primera es la información de oficiales y funcionarios norteamericanos que estuvieron en El Salvador, como el embajador, quien estuvo en una reunión con el ministro de la Defensa (salvadoreño) y él puede reportar directamente la información que obtuvo. Esa información es directamente de la experiencia de los oficiales profesionales de los Estados Unidos y reportados directamente a Washington, esa es una categoría de información”, indicó.
Una segunda categoría de documentos -explicó Doyle- se trata de la información que fue producida por los mismos oficiales estadounidenses a partir de sus capacidades como el embajador, algunos oficiales, políticos o agente integrantes de la CIA, que junto a oficiales de defensa y oficiales del Pentágono, que estaban en el país, mencionando “era una gran equipo diplomático y militar, asentado dentro de El Salvador”.
“Esa información de los mismos oficiales evaluados por ellos mismos y pasados a Washington, normalmente este tipo de información, la fuente o nombre era tachado para su protección, pero lo menciona frecuentemente y eso es muy importante. Esa es una información más objetivo de una conversación directa, como con el presidente hay que recordar en esa instancia que el análisis de un embajador era una actividad de producción de su análisis, para él una persona entrenada para producirlo y lo hace como parte de su trabajo profesional que pasa directamente a Washington, para su evaluación y es una función de su papel como empleado de la embajada”, explicó.
Al hacer una evaluación más general, afirmó que toda la información a la que ha tenido acceso es producto de las capacidades de dichos agentes y oficiales del gobierno de los Estados Unidos, en ese momento del conflicto armado.
“Ahora, como perita experta como el caso de los jesuitas hay que poner la información dentro de un contexto grande que se recopila a través de una investigación, así que para mí la contención de los documentos desclasificados tienen una credibilidad muy fuerte; no solo por la manera que se generó, sino también por la manera que se impulsa desde un credibilidad de esos documentos, que son para mí muy fuertes (veracidad)”, reafirmó.
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