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Norma Guevara de Ramirios
Quién no recuerda la frase que popularizó el alcalde capitalino y que le sirvió de base para obtener votos en la campaña presidencial: “el dinero alcanza cuando no se lo roban”, así decía. Ahora a juzgar por la danza de millones pedidos ante la Asamblea Legislativa, parece que nada alcanza.
En diciembre, sin los votos del FMLN, obtuvo un presupuesto con autorización de deuda; a pesar de ese presupuesto reforzado en materia de seguridad, parecía tan urgido de más dinero que provocó un golpe de Estado fallido contra la Asamblea el 9 de febrero para que le autorizaran negociar 109 millones de dólares, ya tenía autorizado otro de 91 millones sin lograr hasta hoy, los requisitos para aprobarlos.
El 11 de marzo, antes de haber ejecutado el primer trimestre del presupuesto, por la pandemia del Coronavirus, declaró alerta roja para todo el país. La Asamblea declaró Estado de Emergencia con lo cual el gobierno de Bukele obtuvo permiso para reorientar fondos del presupuesto, gastar sin las conocidas limitaciones de la LACAP; esto le permitió clausurar las inversiones presupuestadas y no ejecutadas por más de mil millones.
Con cuestionable base legal ha tomado 25 millones del Instituto de Seguro Social para transformar las instalaciones de CIFCO en espacios para atender pacientes del COVID-19, y afirma que allí tendremos el hospital más grande de Latinoamérica a un costo de 70 millones de dólares; pero durante todo ese tiempo el personal de salud de hospitales de todos los niveles se quejaba por la falta de insumos y equipos apropiados que les permita su propia protección en las condiciones que crea la pandemia.
Pidió y obtuvo aprobación de 2 mil millones de dólares, de los cuales la ley le manda a entregar 600 millones, distribuidos conforme a los criterios de la ley del FODES, para los 262 municipios; pero los alcaldes se quejan de no haber recibido nada, y tener demorado hasta tres meses la entrega del FODES. Es sabido que esa aprobación no representa automáticamente el ingreso de toda la suma, pero tiene avales en el mismo decreto, para contraer créditos puentes que bien puede lograr con la banca local, pero de lo que hasta hoy se desconoce que y como ha actuado.
La Ley de Emergencia obliga al Ejecutivo entregar cuentas de lo invertido en la atención de la pandemia, algo que hasta hoy no ocurre.
El Fondo Monetario Internacional, sobre la base de una carta de intenciones le ha prestado 389 millones de dólares; cuando obtuvo con total facilidad la aprobación de lo actuado, los diputados pidieron que un porcentaje de ese dinero sea entregado a los municipios; quien sabe si el FMI acepta esas condiciones, o eran otros los términos convenidos; habría entonces una contradicción entre la ley y los acuerdos; lo concreto es que los municipios siguen sin recibir transferencias para atender la diversidad de responsabilidades con sus habitantes relacionadas con la pandemia y solo cuentan con lo que hayan podido hacer sobre la base del FODES y sus propios recursos.
Lo último es que pide mil millones más, al parecer negociados con algunos sectores de la empresa privada, y sobre esa base debe tener la seguridad de tener los votos suficientes para aprobarlos, de la misma forma que obtuvo el apoyo para el presupuesto 2020. Tendría así más de 3 mil millones adicionales al Presupuesto, sin dar cuenta y quizá ni haber entregado su declaración de patrimonio a Probidad, como manda la Constitución.
Se desconoce el resultado de la ejecución presupuestaria, y las reorientaciones; igualmente se desconoce que han hecho con el dinero obtenido de la colocación de bonos, desembolsos de créditos y de lo entregado por el FMI. Todos esos dineros públicos se gastan hoy y se pagarán a lo largo de 40 años.
Desde el inicio de la pandemia, los organismos internacionales han proyectado las pérdidas económicas, a nivel global, por regiones y países; han pronosticado una recesión mayor a la que sufrimos en 2008, las perdidas de empleo y niveles de pobreza que nos esperan, los sectores que a nivel global tardarán más en recuperarse; importa por ello saber a quienes piensa apoyar el gobierno con el dinero público y los privilegios fiscales temporales.
La Asamblea debe evitar dar más cheques en blanco a un Gobierno que ni rinde cuentas ni parece interesado en planificar el rescate de los sectores sacrificados por la pandemia, por su manejo errático. Si el dinero alcanza cuando no se lo roban, exijamos que se demuestre y alcance para quienes de verdad necesitan del apoyo del Estado.
