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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, es justo preguntarse dónde quedaron los derechos laborales conquistados a lo largo de los años.
Precisamente ese día 1 de mayo se producirá el cambio de legislatura y de las 262 municipalidades en nuestro país, que en su mayoría estarán en manos de personas propuestas por el partido de Gobierno (Nuevas Ideas) y que, con su llegada, se espera despidos y malos tratos a los empleados municipales y de la Asamblea Legislativa.
Es oportuno recordar que cada derecho de las y los trabajadores ha sido conquistado con lucha, empezando por la jornada de ocho horas (en vez de 14 o 18 horas), cuya conquista se dio en el marco de una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, que fue reprimida, y que con juicios ilegítimos llevaron a la condena a muerte a cinco activistas de aquel movimiento, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
En todos los países del mundo se celebra ese día como una manera de recordar y celebrar cada conquista alcanzada por las y los trabajadores, tomar conciencia sobre las condiciones de las relaciones sociales existentes en la vida laboral, para plantearse las reivindicaciones que se consideren inmediatas, urgentes.
Para los trabajadores salvadoreños lo más urgente es obtener trabajo y defender el trabajo por quienes lo tienen, obtener certeza sobre la seguridad social que implica acceso a servicios de salud y a una jubilación justa, acceder a la justicia cuando sea necesario, tanto en las actividades que realiza el sector privado como el sector público.
A la llegada del actual Gobierno, derechos laborales que se daban por sentado y que están reconocidos en las leyes han sido ignorados: derecho a la estabilidad laboral, derecho de audiencia, derecho al debido proceso, a que se cumplan sentencias judiciales o de las comisiones de servicio civil, pago de indemnizaciones, reinstalo en los puestos de trabajo; todos estos derechos han sido violentados a miles de trabajadores despedidos.
Muchas de las víctimas de éste régimen eran empleados con más de veinte años de laborar, independientemente del signo político del Gobierno.
Por esos antecedentes y el planteamiento discursivo de los funcionarios y militantes del partido oficial, existe ahora la certeza de que con la misma forma actuarán en las alcaldías a las que lleguen y en la Asamblea Legislativa, más allá de la protección legal que las leyes escritas consignan como derechos laborales.
Cuando el temor domina, cuando falta la organización y la solidaridad dentro de los trabajadores, progresan las arbitrariedades; el Gobierno actual se siente y se sabe vencedor y se ríe al violentar los derechos laborales de miles de salvadoreños y salvadoreñas.
Pero si quienes por ahora saben que están amenazados de sufrir lo mismo que más de ocho mil trabajadores del Ejecutivo y se organizan y luchan, pueden escribir una página gloriosa.
Para las generaciones actuales, que saben que el salario no alcanza en la mayoría de los hogares, no porque se lo roban, sino porque es pobre, deben saber que quienes hemos vivido seis décadas tenemos en el recuerdo que en la época de nuestros padres y abuelos los salarios mínimos eran de 60 colones, de 90 colones, que en los años 70 los salarios eran de 150 colones y que por más de 30 años en el campo los salarios eran menor a cien dólares hasta que en 2017 se alcanzó el salario de 300 dólares para la industria y comercio y para el campo se duplicó su viejo salario.
Ese logro fue posible porque surgieron sindicatos que eligieron representantes que interpretaron las necesidades de las y los trabajadores ante el Consejo de Salario Mínimo, y porque la representación del Gobierno de Sánchez Cerén, en la persona de la ministra de Trabajo, lo hicieron posible.
Por épocas muchos sectores vieron mejoras mínimas en su remuneración mediante organización, unidad y lucha y que, como en Chicago, también entre los luchadores y luchadoras por mejores condiciones de vida en nuestro país hay mártires.
No siempre existió el derecho a la sindicalización del sector público, fue hasta que se aprobó en la legislatura 2009-2012 una reforma constitucional; no siempre existió una ley que obliga a tomar medidas para prevenir riesgos laborales en los lugares de trabajo, no siempre existió permiso con goce de sueldo a los padres cuando nacen sus hijos, ni la cantidad de días de permiso por maternidad. Todo ha costado y defender el derecho al trabajo ahora amenazado, requerirá lucha organizada.
Es hora de preguntarse: ¿dónde quedarán esos derechos si nos aprisiona el miedo en vez de ser dueños del valor y de la voluntad de defender lo conquistado?
