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Por Mauricio Funes
Bukele llegó al poder en el 2019 con la promesa de que siendo Presidente iba a desmontar el Neoliberalismo que las dos administraciones anteriores del FMLN no nos atrevimos a desmontar.
Dijo que tanto en mi Presidencia como en la de Sánchez Cerén nos habíamos limitado a administrar y proteger los intereses económicos de los grupos oligárquicos del país, a los que calificó de “los dueños de la finca”
Sin embargo, todo este ofrecimiento fue una verdadera tomadura de pelo.
En un acto de proselitismo electoral en la Universidad Nacional Bukele se comprometió ante los estudiantes universitarios que una de sus primeras acciones con las que iniciaría el desmontaje del Neoliberalismo sería impulsar la aprobación de una reforma previsional que reduciría las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones y que aumentaría las pensiones de los trabajadores.
Con esta reducción de las ganancias de las AFP’s supuestamente comenzaría con el desmontaje del Neoliberalismo en El Salvador.
Nada de eso ocurrió.
Una reciente investigación del economista Cesar Villalona revela que las AFPs han aumentado en forma exorbitante sus ganancias desde que fue aprobada en el 2022 por la Asamblea Legislativa una reforma al sistema de pensiones.
El propósito de esa reforma, según dijo, sería disminuir las ganancias de las AFP’s y mejorar las pensiones de los trabajadores.
Sin embargo, con la reforma aprobada ha ocurrido todo lo contrario.
En el 2023 las ganancias de las AFP’s fueron de $32.6 millones de dólares frente a los $17.4 millones que obtuvieron en el 2022, antes de la reforma de Bukele.
En los primeros nueve meses de este año las AFP’s ganaron $29.4 millones de dólares y de seguir esta tendencia lo más seguro es que 2024 cerrará con utilidades que rondarán los $40 millones de dólares.
Durante la campaña electoral del 2019, Bukele también mintió cuando dijo que la reforma del 2018 implementada por el FMLN iba a provocar un aumento de las ganancias de las AFP’s mientras las pensiones de los trabajadores tenderían a la baja.
En el 2017, sin la reforma de Sánchez Cerén, las ganancias de las AFP’s fueron de $30.3 millones, pero ya con la reforma estas se redujeron a $23.7 millones en el 2018, una vez entrada en vigencia la reforma del FMLN.
Los años siguientes (2019, 2020, 2021 y 2022) las ganancias siguieron cayendo hasta llegar a su nivel más bajo con $17.4 millones de dólares en el 2022.
En la práctica, la reforma del sistema previsional del FMLN redujo las ganancias de las AFP’s a casi la mitad, mientras que la reforma de Bukele volvió a aumentar estas utilidades a casi el doble de lo que venían ganando.
En buenas cuentas, ni la reforma del 2018 que llevó a cabo Sánchez Cerén produjo un aumento de las ganancias de las AFP’s, tal como había asegurado Bukele, ni la reforma de Nuevas Ideas ha comenzado a desmontar el Neoliberalismo, tal como prometió.
Lejos de ello, la nueva Ley aprobada por Nuevas Ideas y propuesta por el gobierno de Bukele ha aumentado las ganancias de las AFP’s y por tanto, ha favorecido a la gran empresa vinculada al sistema privado de pensiones.
El Neoliberalismo no está siendo desmontado.
Por el contrario se ha fortalecido.
Lo poco que hicimos nosotros en dos gobiernos, dada la correlación existente en la Asamblea, está siendo lanzado al cesto de la basura.
Lo mismo podríamos decir del sistema de tributos prevaleciente en el país.
En la campaña del 2019 Bukele ofreció promover la aprobación de una reforma tributaria progresiva bajo el lema “el que gana más paga más”
Según este supuesto, la tributación del país debería apoyarse más en los tributos a pagar por los sectores de mayores ingresos que por la clase media y las familias pobres.
El sistema actual es totalmente regresivo y ha sido diseñado para proteger el capital patrimonial de los grupos oligárquicos.
Casi el 90% de los ingresos tributarios provienen del pago del IVA y del impuesto a la Renta (ISR), dos impuestos regresivos en los que lo pagado por los contribuyentes tiene un impacto mayor en los sectores de menores ingresos que en las familias ricas del país.
Para el caso, el 13% del valor del producto o del servicio consumido que debe pagarse en concepto de IVA representa una parte mayor del ingreso de los contribuyentes pobres que de los contribuyentes ricos.
En cambio, dentro de una visión progresiva de la fiscalidad, impuestos como al patrimonio, a las ganancias, a las herencias y sucesiones, a los bienes de lujo, a los grandes inmuebles, son impuestos pagados por aquellos que tienen elevados salarios o un capital patrimonial alto.
De ahí la resistencia de los principales grupos empresariales del país a pagar este tipo de tributos.
En mi gobierno intentamos promover una reforma tributaria progresiva basada en la implementación de este tipo de impuestos pero la falta de correlación en la Asamblea Legislativa impidió llevarla a cabo.
Bukele, siendo candidato presidencial en el 2019, prometió que una vez convertido en Presidente de la República haría llegar un proyecto de reforma tributaria progresiva a la Asamblea, dominada en ese momento por ARENA y el FMLN.
Transcurrieron dos años de gobierno, y la propuesta de una reforma fiscal nunca se presentó a la Asamblea.
En el 2021, ya con pleno control de las decisiones legislativas, Bukele se olvidó de su oferta electoral.
Bukele ha contado desde entonces con el poder político necesario para poner en cintura a los grupos oligárquicos, pero no solo se ha resistido a hacerlo, muy a pesar de sus declaraciones públicas en contra de los llamados “poderes fácticos”, sino que los ha favorecido.
Según investigaciones periodísticas, la Asamblea Legislativa, a pedido de Bukele, ha aprobado una serie de exenciones fiscales disfrazadas de incentivos a la producción y a la economía del país.
Es decir, el gobierno no solo no ha desmontado los privilegios de los grupos empresariales más relevantes del país, tal como prometió, sino que los ha protegido.
Ahora que ha debido hacer un ajuste presupuestario en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025, en lugar de recortar el gasto social y despedir empleados públicos debió establecer nuevos impuestos al gran capital que habrían hecho llegar más recursos al Estado para financiar el gasto corriente y el gasto de capital del gobierno.
Pese a contar con esa opción, prefirió afectar a los sectores de menores ingresos en el país.
El “desmontaje del Neoliberalismo” no ha pasado de ser, después de casi 6 años de pleno control del poder, una oferta electoral demagógica y populista.
El gobierno de Bukele ha optado por mantener los privilegios de los grupos oligárquicos del país.
