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Por Leonel Herrera*
Dos años lleva el Estado salvadoreño criminalizando y persiguiendo judicialmente a los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES que denunciaron las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.
En la madrugada del 11 de enero de 2023 fueron capturados mediante un fuerte operativo policial y militar realizado de manera simultánea en la comunidad Santa Marta, las oficinas de ADES y en San Salvador. La razón de la detención arbitraria e ilegal fue la acusación sin pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía los vinculó con el cometimiento de un supuesto asesinato durante el conflicto armado, sin más prueba que la declaración de un sospechoso testigo protegido que pronto evidenció sus inconsistencias y contradicciones.
A pesar de las falencias y la debilidad probatoria de la acusación fiscal, el Juzgado de Paz de Victoria les decretó detención formal con detención provisional el 19 de enero del mismo año. Es decir, estableció que el caso pasara a la fase de instrucción y los mandó a prisión
Durante 8 meses estuvieron en varias cárceles del país, incluido el mortífero centro penal de Izalco, al que fue trasladado uno de los activistas ambientales probablemente con la diabólica intención de asesinarlo. En todo ese tiempo fueron sometidos al régimen de excepción: sin visitas de sus familiares, sin contacto con sus abogados defensores y sufrieron hacinamiento, insalubridad, hambre, sed, enfermedades y violencia física y psicológica.
El Tribunal de Instrucción de Sensuntepeque y la Cámara Penal de Cojutepeque rechazaron la petición de revisión de medidas y los mantuvieron en prisión, hasta que en la segunda solicitud -y como resultado de la presión nacional e intencional- la Cámara otorgó el arresto domiciliar el 25 de agosto. La malévola jueza de Instrucción, incluso, amenazó a un abogado defensor con procesarlo si insistía con la petición de medidas sustitutivas.
El Juzgado y la Cámara también rechazaron en dos ocasiones recursos de nulidad del caso por prescripción del supuesto delito y de extinción de la acción penal en base a la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, presentado por la defensa para dar por cerrado el espurio proceso penal.
La Dirección General de Centros Penales intentó incumplir la orden de excarcelación, pero la presión de la comunidad y las organizaciones la obligó a acatar la orden judicial el 6 de septiembre. Mientras tanto, la Fiscalía pidió injustificadamente seis meses más de la fase de instrucción.
El 10 de abril de 2024 el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque los mandó a juicio, a pesar de que la representación fiscal no presentó ningún elemento probatorio adicional y siguió basando su acusación en el relato del testigo que primero dijo que “vio” y después que “le contaron”. “Testigo de chambre” le llamó Ovidio Mauricio, reconocido abogado de derechos humanos y director de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Finalmente, del 8 al 10 de octubre del mismo año se realizó la vista pública en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. El 18 del mismo mes, las tres juezas del referido tribunal, por unanimidad, absolvieron a los defensores ambientales, otorgándoles el sobreseimiento definitivo.
Las valientes juezas determinaron que el caso no cumple con los requisitos y los supuestos del perfil de delito de lesa humanidad y crimen de guerra y que, por tanto, es imposible la acción penal debido a que el supuesto delito ya prescribió.
Sin embargo, por petición de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio y ordenó repetir el juicio en otro tribunal. Los tristemente célebres magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande sentaron un precedente nefasto en la justicia salvadoreña al ordenar que se juzgue dos veces por el mismo caso.
Y esto es lo que viene: del 3 al 6 de febrero próximo, el Juzgado de Sentencia de San Vicente realizará nuevamente la vista pública. Tres jueces, en un segundo juicio, decidirán si absuelven o condenan a los ambientalistas, cuyo verdadero crimen (por el que realmente se les ha procesado) fue advertir al país sobre el grave peligro que los tenebrosos proyectos mineros representan para el agua, los ecosistemas, la agricultura, la salud y la continuidad de la vida.
Por eso es necesario que todas las personas, organizaciones e instituciones que se están manifestando contra la reactivación de la minería metálica también exijan la libertad definitiva de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES.
Periodista, analista y activista ambiental.
Por Leonel Herrera*
Dos años lleva el Estado salvadoreño criminalizando y persiguiendo judicialmente a los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES que denunciaron las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.
En la madrugada del 11 de enero de 2023 fueron capturados mediante un fuerte operativo policial y militar realizado de manera simultánea en la comunidad Santa Marta, las oficinas de ADES y en San Salvador. La razón de la detención arbitraria e ilegal fue la acusación sin pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía los vinculó con el cometimiento de un supuesto asesinato durante el conflicto armado, sin más prueba que la declaración de un sospechoso testigo protegido que pronto evidenció sus inconsistencias y contradicciones.
A pesar de las falencias y la debilidad probatoria de la acusación fiscal, el Juzgado de Paz de Victoria les decretó detención formal con detención provisional el 19 de enero del mismo año. Es decir, estableció que el caso pasara a la fase de instrucción y los mandó a prisión
Durante 8 meses estuvieron en varias cárceles del país, incluido el mortífero centro penal de Izalco, al que fue trasladado uno de los activistas ambientales probablemente con la diabólica intención de asesinarlo. En todo ese tiempo fueron sometidos al régimen de excepción: sin visitas de sus familiares, sin contacto con sus abogados defensores y sufrieron hacinamiento, insalubridad, hambre, sed, enfermedades y violencia física y psicológica.
El Tribunal de Instrucción de Sensuntepeque y la Cámara Penal de Cojutepeque rechazaron la petición de revisión de medidas y los mantuvieron en prisión, hasta que en la segunda solicitud -y como resultado de la presión nacional e intencional- la Cámara otorgó el arresto domiciliar el 25 de agosto. La malévola jueza de Instrucción, incluso, amenazó a un abogado defensor con procesarlo si insistía con la petición de medidas sustitutivas.
El Juzgado y la Cámara también rechazaron en dos ocasiones recursos de nulidad del caso por prescripción del supuesto delito y de extinción de la acción penal en base a la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, presentado por la defensa para dar por cerrado el espurio proceso penal.
La Dirección General de Centros Penales intentó incumplir la orden de excarcelación, pero la presión de la comunidad y las organizaciones la obligó a acatar la orden judicial el 6 de septiembre. Mientras tanto, la Fiscalía pidió injustificadamente seis meses más de la fase de instrucción.
El 10 de abril de 2024 el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque los mandó a juicio, a pesar de que la representación fiscal no presentó ningún elemento probatorio adicional y siguió basando su acusación en el relato del testigo que primero dijo que “vio” y después que “le contaron”. “Testigo de chambre” le llamó Ovidio Mauricio, reconocido abogado de derechos humanos y director de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Finalmente, del 8 al 10 de octubre del mismo año se realizó la vista pública en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. El 18 del mismo mes, las tres juezas del referido tribunal, por unanimidad, absolvieron a los defensores ambientales, otorgándoles el sobreseimiento definitivo.
Las valientes juezas determinaron que el caso no cumple con los requisitos y los supuestos del perfil de delito de lesa humanidad y crimen de guerra y que, por tanto, es imposible la acción penal debido a que el supuesto delito ya prescribió.
Sin embargo, por petición de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio y ordenó repetir el juicio en otro tribunal. Los tristemente célebres magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande sentaron un precedente nefasto en la justicia salvadoreña al ordenar que se juzgue dos veces por el mismo caso.
Y esto es lo que viene: del 3 al 6 de febrero próximo, el Juzgado de Sentencia de San Vicente realizará nuevamente la vista pública. Tres jueces, en un segundo juicio, decidirán si absuelven o condenan a los ambientalistas, cuyo verdadero crimen (por el que realmente se les ha procesado) fue advertir al país sobre el grave peligro que los tenebrosos proyectos mineros representan para el agua, los ecosistemas, la agricultura, la salud y la continuidad de la vida.
Por eso es necesario que todas las personas, organizaciones e instituciones que se están manifestando contra la reactivación de la minería metálica también exijan la libertad definitiva de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES.
Periodista, analista y activista ambiental.
