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Funcionarios asisten a el informe.

Dos años de gobierno de Salvador Sánchez Cerén: neoliberalismo y las debilidades del estado ante el lento crecimiento

Carta Económica
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A dos años de la nueva administración gubernamental del  Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderada por Salvador Sánchez Cerén como Presidente de la República y Oscar Ortiz como Vicepresidente, es importante realizar un balance de cómo se encuentra el país en términos económicos y sociales, para conocer los aciertos de esta gestión y los desafíos para los próximos años.

Recordemos que las autoridades del Ejecutivo tomaron posesión el 1 de junio de 2014,  luego de haber ganado las elecciones en una segunda vuelta electoral que se realizó el 9 de marzo de ese mismo año, con un ajustado margen en el resultado contra el candidato de ARENA,  Norman Quijano.

La nueva administración, recibía una economía con un modelo económico neoliberal ya desgastado, el cual no ha generado las tasas de crecimiento económico esperadas, por lo que nos ha sumergido en un proceso de lento crecimiento, estancamiento y/o recesión, generando presión sobre las condiciones de vida de la población salvadoreña más vulnerable, la clase trabajadora; es así que los problemas no han sido solo de índole económico, sino también político y social. Desde los años 90´s, el crecimiento económico luego del conflicto armado ha tenido una tendencia al estancamiento y la recesión, es así, que en los últimos 3 períodos presidenciales, en promedio el crecimiento no ha sido mayor al 2.5%, para el quinquenio de Francisco Flores el crecimiento promedio fue de 2.2%; en el período de Antonio Saca se tuvo un estancamiento y la economía creció apenas a 2.3%; por otro lado, en el quinquenio de Mauricio Funes, se tuvo una recesión promedio de 1.4% de crecimiento.

La tendencia de la estrategia económica se ha basado en articular una tercerización de la economía, que trae consigo un bajo desarrollo de las fuerzas productivas, sin desarrollar economías de escala basadas en la productividad, sino que se inserta en la competitividad a través de bajos costes labores, provocando un estancamiento de las fuerzas productivas y alentando un mercado deprimido que estimula la promoción de inversiones a la exportación,  y la salida de capitales bajo una lógica de inversiones rentistas.

La lógica de un circuito transnacional de acumulación ha orientado una economía de servicios, anclado a la liberalización comercial, la privatización de los servicios públicos y un esquema monetario dolarizado, y los TLCs, estableciendo limitados márgenes de maniobra para estimular el crecimiento económico. Ahora bien, revisemos los esfuerzos del actual gobierno para resolver estos problemas.

La situación del sector público no financiero, durante estos dos últimos años 2014-2015, ha mantenido el régimen deficitario que viene de años anteriores, para 2014 este fue de 906.96 millones de dólares, que representó el 3.60% del PIB de ese año, mientras que para el año 2015 el déficit fiscal fue de 851.66 millones, este representó para ese año un 3.27% del PIB; el comportamiento de este déficit viene dado por las obligaciones que genera la deuda al Estado salvadoreño, en 2014 se desembolsó en intereses, amortización y pago de pensiones 1,348.42 millones de dólares, es decir, 48.67% más que el déficit registrado; mientras que en 2015, estas obligaciones crecieron a 1,470.35 millones de dólares, 72.65% más del déficit de ese año, por lo que podemos afirmar que se vuelve necesario que se tomen medidas como la negociación de la deuda y también tomar en cuenta la reforma al sistema de pensiones actual, volverlo un sistema nacional que permita garantizar la cobertura de esta obligación, para generar un alivio a las finanzas públicas y la reducción y/o eliminación del déficit fiscal.

A continuación se analizan los ingresos tributarios que representan el 75% de los ingresos del SPNF, para ver qué tanto la carga tributaria está orientada hacia los hogares y hacia las empresas. De 2014 a abril de 2016, los tributos pagados por los asalariados representaron un promedio de 75% anual de los ingresos tributarios totales, mientras que las empresas aportaron en promedio apenas el 25%.

En el 2014 el total de impuestos pagados por las familias salvadoreñas fue de 2,879.3 millones de dólares, lo que representó una fiscalidad del 24.2%, es decir, que de cada dólar destinaron 24.2 centavos a los impuestos, mientras que las empresas en ese año aportaron en tributos 989.8 millones de dólares, por lo que, comparado a los ingresos estimados para ese año  reflejaron una carga tributaria de 5.1%; para  2015 y 2016, el panorama sigue igual, ya que según lo proyectado para 2016 la carga fiscal de los hogares es 25.3% con respecto a sus ingresos, mientras que las empresas tienen una carga tributaria de 5.2%, no obstante el FMI hace una recomendación al Estado de incrementar el impuesto al consumo directo que tienen los hogares, es decir, el IVA a 15%.

Ahora imaginemos el escenario que plantea el FMI, una medida de incremento al IVA al 15%, si el Gobierno salvadoreño tomara en cuenta dicha medida, equivaldría a un aumento de ingresos tributarios por IVA de 547.22 millones de dólares. En total los hogares elevarían su carga tributaria a 29.6%, lo cual agravaría las condiciones de vida de los salvadoreños; el FMI  justifica este incremento como válido para sanear las arcas del Estado, mientras que deja de lado combatir la elusión y evasión fiscal, la cual según nuestras proyecciones hechas para 2016, alcanzarían la suma de 2,6731  millones de dólares, más de la mitad de los ingresos tributarios proyectados para ese mismo año.

Con la mala práctica del gran empresario salvadoreño de ejercer elusión y evasión fiscal, el Estado deja de percibir grandes cantidades de ingresos los cuales podrían dirigirse a programas sociales, e  impulsar el desarrollo de la población, a parte, de esto, el gobierno se ha tenido que enfrentar a la Sala de lo Constitucional, la cual ha frenado varios proyectos de ley para incrementar impuestos a las grandes empresas, como lo sucedido en abril de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que establece el pago del 1 % calculado sobre los activos netos de las empresas, y por lo contrario, no se ha manifestado en los nuevos impuestos imputados a la población en general, como el impuesto al consumo de telecomunicaciones, para contribuir a la seguridad con lo que se le incrementó la carga tributaria a los hogares salvadoreños, alternativa que se gestó para poder suplir la decisión de la Sala de frenar 900 millones de dólares, dinero que se destinaría al combate de la delincuencia que sufre el país, estas acciones las ha tomado la Sala de lo Constitucional atendiendo a lineamientos políticos  de la derecha para la de desestabilización del Gobierno actual.

Durante estos años, el FMI en el marco de su visita y como propuesta para reducir el déficit fiscal de la economía salvadoreña, formula un menú de medidas como la focalización de subsidios que conlleva a un recorte en los subsidios de electricidad, gas licuado de petróleo y al transporte público, así como políticas de austeridad del sector público. Pareciera ser que el Gobierno ha tomado a bien llevar a cabo la recomendación de reducir los subsidios a las familias salvadoreñas, ya que para 2016 se proyecta reducirlos a 158 millones de dólares, esta reducción de 158 millones de dólares comparado a 2015, se traduce en una mayor precarización de las condiciones de vida de los salvadoreños, medida absurda que bien se podría evitar si se tomara la decisión de renegociar la deuda y liberar las finanzas públicas del pago del servicio que estas genera; los subsidios apenas representan el 18% de lo destinado al servicio de deuda y sumándole el 28% destinado a programas sociales, estos dos representan el 46% del total de servicio de deuda programado, y aunque se vea un incremento en el porcentaje de los programas sociales con respecto al servicio de deuda, en términos absolutos para 2016 se estima una reducción de 13.9 millones de dólares.

En cuanto a los subsidios, analizando desde el año 2013, podemos observar cómo estos han venido decreciendo significativamente año con año, hasta llegar a proyectar para el año 2016 una disminución total de 81.1 millones de dólares con respecto a 2015; esta reducción se ve reflejada en su mayoría en el subsidio a la energía eléctrica, ya que de 2015 a 2016, se proyecta una disminución de 75.9 millones de dólares, es decir, una reducción de más del 50%; por otra parte, el subsidio al gas licuado se prevé reducir en 6.0 millones de dólares. El único subsidio que tiene una variación positiva es el dirigido al transporte que se incrementa en 0.8 millones de dólares, un aumento poco significativo, en términos porcentuales los subsidios de 2013 a 2016 se han reducido en 56%.   

Los subsidios y programas sociales, según la proyección de 2016, apenas representan el 6.5% de la totalidad de la evasión y elusión, esto quiere decir que el crecimiento económico no se resolverá reduciendo los subsidios y el gasto en programas sociales, sino que resolviendo el problema del servicio de la deuda y afrontando fuertemente  la evasión y elusión fiscal que unidos suman  3,568.3 millones de dólares.

El saldo acumulado de deuda pública total hasta abril de 2016, fue de 16,908.51 millones de dólares, el incremento de esta desde 2013 a 2015 ha sido alrededor de 800 a 900 millones de dólares anuales, mientras que los primeros cuatro meses del año 2016, se incrementó en casi 900 millones de dólares, de esto, la emisión de LETES en estos 4 meses ha sido por 931 millones de dólares; durante estos años, el SPNF ha sido quien ha mantenido el dinamismo de la deuda, como mecanismo para dar sostenibilidad al Estado salvadoreño y en general la deuda pública se ha vuelto extranjera, por el hecho de ser una economía dolarizada.

Este círculo vicioso del endeudamiento que ya hemos analizado en el libro “La trampa de la deuda del sistema capitalista”2, como fue previsto cada vez será más grave, como se demuestra en lo dicho anteriormente, el Estado ya llegó a la incapacidad de pago técnica, sólo lo salva la decisión de los organismos financieros de seguirlo financiando mientras puedan seguir teniendo utilidades en este país, esto lo demuestra la historia de otros países. Esta deuda analizada no incorpora la deuda previsional, que se estima en 24,000 mil millones de dólares, o sea que al mes de abril, la deuda del Estado realmente es de 40,908 millones de dólares, equivalente al 154% del PIB  estimado para el 2016, lo cual sin duda significa una situación grave para el país. Este escenario en términos de la economía nacional es aún más grave, si le sumamos los más de 6000 millones de dólares del sector privado con la banca internacional, así la deuda país totaliza 46,908 millones de dólares, equivalente al 177% del PIB estimado para el año 2016, sin duda esto se agravará, debido a que la deuda pública y privada se seguirá incrementado en el resto del año mencionado.

Desde el punto de vista de una economía dolarizada, en la cual el país dejó de disponer de política monetaria y además se le quitaron otras funciones esenciales al Banco Central de Reserva, como la de actuar como prestamista de última instancia ante shock externos, podemos observar como el Estado se debe enfrentar a una crisis con liquidez insuficiente para poder responder a las personas y a las empresas, ya que al ver el Cuadro 5, se cuenta con RIN efectivas por 157 millones de dólares, insuficientes para afrontar una crisis de liquidez internacional, si tenemos en cuenta que los países normalmente deben tener una liquidez de reservas internacional equivalente por lo menos a 3 meses de las importaciones promedio anuales, lo que significa que el BCR debería tener una reserva de liquidez, fuera de las reservas de liquidez relacionadas con los ahorros de las personas naturales y jurídicas nacionales, de 2,628 millones de dólares, o sea, los 157 millones de dólares que el  BCR tiene como reservas liquidez, representan una disponibilidad inferior a la requerida por dos días de reservas, de los 90 días requeridos como mínimo.

El comportamiento deficitario de la balanza comercial durante 2014 y 2015, ha significado una participación del PIB de  20.82% y 19.91% respectivamente, aunque ha habido una reducción  del déficit, este ronda en promedio para ambos años los 5 mil millones de dólares, y para 2016, el comportamiento durante los primeros 4 meses ha sido similar al del mismo período del año anterior, lo que significa que para 2016, el déficit comercial rondará aproximadamente los 5 mil millones de dólares, y con los resultados de estos 4 meses se observa que el déficit ya ronda el 5.14% del PIB proyectado de 2016.

El flujo anual de remesas familiares en 2014 fue de 4,133 millones de dólares, para el año 2015 este apenas creció en 3.31%, es decir, en 136.98 millones de dólares, el promedio mensual durante estos años y los primeros 4 meses de 2016 ha sido 350 millones de dólares, y el mes con más recepción de remesas es diciembre con más de 400 millones de dólares  y enero es el mes que menos remesas recibió entre 280 y 300 millones de dólares, muy por debajo del promedio mensual, hasta abril de 2016 se ha recibido 1,429.3 millones de dólares, lo que representa el 33.47% del año 2015.

El comportamiento del  destino del Crédito y la Inversión Extranjera Directa, demuestran que no hay una política definida de potenciar sectores económicos estratégicos para el crecimiento económico, por parte de la cartera de préstamos, el destino del crédito está orientado hacia actividades que no generan un valor agregado a la economía, como lo es el consumo y la adquisición de vivienda, entre ambas actividades perciben el 56% del crédito disponible en 2015, mientras que al consumo se destinan 3,697 millones de dólares, y a la adquisición de viviendas 2,391 millones de dólares, y se ha dejado a un lado el sector agropecuario que apenas recibe el 3% del crédito, el sector de la construcción que le da dinamismo a la generación de empleo de igual forma se deja de lado, otorgándole alrededor del 3%, es decir, apenas 323 millones de dólares en 2015 de 10,849 millones de la cartera de crédito, el sector de la  industria es el único sector productivo que recibe igual un raquítico apoyo financiero  con el 9% del total, esto es 1,022 millones de dólares.

El mismo comportamiento se observa en los flujos de inversión extranjera directa, de potenciar actividades sin valor agregado, en este caso, las actividades financieras y de seguros se les destina el 35% de la IED total, y al transporte, almacenaje y comunicación el 15%, solo en estas dos actividades se destinan el 50% en IED, 3,097 y 1,371 millones respectivamente, esto es 4,614 millones de dólares de 9,158 millones que entran al país, se destaca lo destinado a la industria manufacturera que percibe el 26% del total, es decir, 2,415.55 millones de dólares, en general la inversión de un año a otro apenas crece en términos absolutos 618.86 millones de dólares, pero al revisar la repatriación de capitales que se generan de esta inversión según lo estimado en el artículo “La inversión neoliberal: talón de Aquiles de la economía salvadoreña”, hasta junio de 2015, se habían fugado 880 millones de dólares en repatriación y renta de la inversión hecha durante ese año, es decir, la inversión que entra al país es de carácter rentista generando un mayor beneficio al inversionista que al país, por lo  que, insistimos en que  necesitamos una nueva política y reformas a las leyes de inversión extranjera en el país, en primer lugar, que se generen flujos positivos de inversión y que se orienten al desarrollo de las fuerzas productivas, de forma tal que las ganancias de estas empresas dejen beneficios reales al país y no sólo funcionen en la visión extractiva que ahora tienen, por lo que el país sigue en este nivel de capitalismo casi primario en el área industrial y sin duda primario en el sector agrícola y otras áreas económicas del país. Sólo somos un país capitalista no primario en los centros comerciales, en el uso de celulares y en la bancarización de la población, grandes negocios de transnacionales que realmente no dejan beneficios a la población en el sentido de generar empleo masivo, buenos salarios, o sea son un factor de empobrecimiento de nuestro pueblo3.

Al analizar el comportamiento de la inversión extranjera directa y de la cartera de préstamos, podemos ver que no generan un valor agregado a la economía salvadoreña, más bien los pequeños productores como los de la agricultura que no reciben ni un solo dólar en inversión extranjera y lo destinado en crédito es poco, se ven afectados en su crecimiento, y de 2014 a 2015 apenas crecieron en 0.78%; el sector construcción que es otra actividad económica dinamizadora de igual forma es poco apoyado con inversión extranjera y destino de crédito, y a pesar de ello logró recuperarse y crecer en 2015 a 1.46%, comparado con 2014 que había caído en 10.69%.

En conclusión, en una economía con un déficit fiscal de 851.66 millones de dólares, esto es 3.9% con respecto al PIB en 2015; una balanza comercial deficitaria de 4,930.49 millones de dólares, que representa el 19.91% del PIB; si sumamos la economía en estos dos déficit tiene un desajuste de 23.81% del PIB, esto nos lleva a pensar que el bajo crecimiento de 2.46% que registra la economía es insignificante para la dimensión de los déficit macroeconómicos analizados en todo el artículo y la gravedad de la deuda, así como la fuga neta de capitales del país, factores que hacen que se tengan índices de baja inversión, los cuales no pueden suplirse con los raquíticos incrementos del consumo de los hogares; estas condiciones continuarán profundizándose mientras no se tomen medidas como se mencionó antes, la renegociación de la deuda, una reforma integral  al sistema de pensiones, medidas para disminuir o eliminar la elusión y la evasión fiscal, reducir la carga tributaria a los hogares e incrementársela a las empresas, desdolarizar la economía, además de tomar medidas de política económica de orientar la cartera de préstamos y la inversión extranjera directa, que financien la economía real, o sea, los sectores económicos que generan valor agregado, mientras esto no se dé, las debilidades financieras estructurales del Estado y los desbalances macroeconómicos no permitirán salir del lento crecimiento de la economía, y el crecimiento de la pobreza y del desempleo, aunque sigamos teniendo baja inflación como contraparte a una baja inversión.     

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