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Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (APB) lamentó que, a 20 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el emblemático caso de las hermanas Serrano, desaparecidas en Chalatenango en 1982, aún no haya información sobre su paradero. Además, denunció que el Estado ha eludido su obligación de investigar a los responsables.
Los hechos que rodearon la desaparición de las hermanas Serrano Cruz ocurrieron el 2 de junio de 1982, en el contexto del conflicto armado entre las fuerzas del ejército y grupos guerrilleros. En el caso se denunció el secuestro y la desaparición forzada de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años de edad, por parte de integrantes del Batallón Atlacatl durante un operativo conocido como “Operación Limpieza”, el cual se llevó a cabo en el Municipio de San Antonio de La Cruz, departamento de Chalatenango, El Salvador.
«Las fuerzas del Estado actuaban identificadas a plena luz del día o clandestinamente, en el marco de un régimen de Estado de Sitio el cual les otorgaba todo el poder para disponer de la vida y la libertad de aquellas personas que tuvieran o no relación con grupos de izquierda», inquirió la APB.
El 1 de marzo de 2005, la CIDH dio a conocer su decisión sobre la controversia generada a partir de la desaparición de Ernestina y Erlinda, y la posición del Estado salvadoreño sobre la protección a los derechos de las víctimas y sus familias.
El caso destacó por ser el primero en la CIDH sobre niñez desaparecida en Latinoamérica. En ese entonces, se determinó que el Estado salvadoreño había vulnerado a las dos niñas y sus familias por incumplir con las obligaciones de accionar todas sus facultades posibles para saber en qué situación se encontraban las niñas después de sus capturas, dónde se encontraban, quiénes fueron los responsables de dichos hechos, así como en su caso, llevarlos ante la justicia y determinar si debían ser condenados.
No obstante, hasta la fecha se han incumplido las órdenes de establecer de un plazo razonable para ubicar el destino de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. La APB también cuestionó que no se han hayan empleado los recursos necesarios para investigar a los responsables de la desapareción.
La Corte Interamericana ordenó al Estado de El Salvador establecer un día dedicado a las niñas y niños desaparecidos en el conflicto armado, el cual se conmemora el 29 de marzo, y el cual debía concientizar a la sociedad en la búsqueda de soluciones para encontrar la verdad sobre dichas desapariciones.
Heli Hernández, de la Unidad Jurídica de la APB, señaló que desde la desaparición de las niñas, hace 43 años, el Estado ha evitado asumir la responsabilidad de los hechos. Enfatizó la necesidad de que tanto el órgano judicial como la fiscalía y el ejecutivo empleen los recursos necesarios para ofrecer justicia a las víctimas y establezcan una línea de investigación clara para identificar a los responsables.
Extradición de militar caso periodistas holandés podría ser clave
El 6 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó al juzgado de Dulce Nombre María pedir la extradición del excoronel Mario Adalberto Reyes Mena, uno de los principales acusados de ordenar el cuádruple asesinato de los periodistas holandeses: Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen.
La APB sugiere que, el entonces comandante del destacamento de Chalatenango, podría revelar información importante para averiguar el paradero de las niñas desaparecidas.
«Sería oportuno, si se concreta este traslado de esta persona a El Salvador, que el juez o la jueza también realice una entrevista para conocer cuál ha sido su grado de implicación en este caso», concluyó la APB.
