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Santiago / AFP
Los dos controladores del grupo económico Penta, uno de los más poderosos de Chile, fueron condenados el lunes a cuatro años de libertad vigilada y el pago de una multa de 2,6 millones de dólares, al final de un mediático caso de corrupción política.
El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, declaró culpables a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dos de los empresarios más influyentes del país, por el delito de fraude tributario por evadir impuestos.
Al leer su sentencia este lunes, les impuso una condena de cuatro años de libertad vigilada, el pago de una multa de 1.700 millones de pesos (2,6 millones de dólares) y su asistencia a un programa de educación sobre ética empresarial.
Ambos empresarios se libraron, sin embargo, de ser condenados por los delitos de soborno y cohecho al llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
En el inicio del caso, en 2015, además de fraude tributario, los dos empresarios fueron acusados de sobornar al exsubsecretario de Minería del anterior gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner.
Exempleado de Penta, Wagner recibió pagos de 42 millones de pesos (unos 65.000 dólares) por parte de sus antiguos empleadores mientras era funcionario público. Desde esa posición, habría intentado favorecer la puesta en marcha de un proyecto minero que llevaba adelante una empresa vinculada con uno de los máximos ejecutivos de Penta.
Pero después de tres años de investigación, el fiscal del caso, Manuel Guerra, dijo que no había logrado acreditar el delito de soborno y recalificó los cargos por los cuales perseguía a ambos empresarios para acusarlos solo por fraude tributario. Wagner, en tanto, fue acusado de «enriquecimiento ilícito».
El llamado ‘Caso Penta’ destapó una arraigada práctica ilegal de financiamiento de la política chilena, por medio del uso de facturas o boletas por servicios no prestados. De esta manera, las empresas lograban rebajar impuestos e influir sobre los legisladores.
Bajo esta modalidad, Penta financió por años al principal partido de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente, hoy parte de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera.
El caso motivó un cambio en la legislación local. Ahora está prohibido el financiamiento de las empresas a los políticos.
