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Por Leonel Herrera*
Que militares cometan o sean cómplices de violación sexual, no es delito; pero si un opositor o crítico del gobierno denuncia posible corrupción, eso sí debe ser castigado. Éste parece ser el tenebroso mensaje que envía el sistema judicial cooptado por el oficialismo, en dos resoluciones emitidas la semana pasada.
El 21 de junio el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla dejó en libertad a cinco miembros de la Fuerza Armada acusados de participar en la violación de una menor de edad en Mizata, La Libertad, el 23 de septiembre de 2023.
Probablemente por vergüenza o para que la noticia no fuera tan escandalosa, el referido tribunal envió a juicio al perpetrador directo de la agresión sexual, el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera; pero dejó en libertad a los cinco soldados que fueron sus cómplices porque impidieron a familiares y vecinos de la víctima intervenir para evitar la violación.
Mientras tanto, el 27 de junio el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador condenó por difamación y calumnia a Héctor Silva Hernández, ex concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido Nuestros Tiempo, quien había señalado posibles actos de corrupción de Christian Guevara, jefe de la bancada legislativa del gobernante Nuevas Ideas.
En agosto de 2023 Silva Hernández denunció públicamente que Media Latam Group, empresa de Christian Guevara, ganó contratos publicitarios en la Alcaldía de San Salvador por un total de 1.2 millones de dólares, durante los años 2022 y 2023 cuándo éste ya ejercía como diputado en la Asamblea Legislativa.
La defensa legal del ex concejal capitalino presentó documentos legales que confirmaron el vínculo del diputado bukelista con la empresa en cuestión; incluso, el propio Guevara admitió dicha relación corporativa durante un audiencia realizada en febrero de este año. Sin embargo, el tribunal consideró que eso no era prueba suficiente.
En el primer caso, la resolución judicial es un mensaje de impunidad para los militares que cometen delitos; mientras que en el segundo, es un castigo para un ex funcionario y político opositor que señaló irregularidades en la gestión pública.
En el primer caso, el fallo podría convertirse en un incentivo para más violencia contra la mujer; y en el segundo, podría representar una advertencia o amenaza contra quienes denuncien conflictos de interés, tráfico de influencia, malversación de fondos o cualquier otro acto de corrupción en el uso de recursos públicos.
Adicionalmente, en el segundo caso, la sentencia judicial también podría tener repercusiones negativas para el trabajo periodístico, especialmente el dedicado a investigar abusos e irregularidades en las instancias estatales.
¿Es ésta la nueva justicia de la dictadura bukeliana? El desempeño de estos dos tribunales lo demuestran claramente: el Juzgado de Instrucción de Santa Tecla, absolviendo a militares cómplices de delitos sexuales; y el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, protegiendo a un poderoso funcionario oficialista señalado de posible corrupción.
*Periodista y activista social.
