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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Los cuatro abogados que integran la Sala de lo Constitucional tenían que irse de vacaciones agostinas satisfechos de agradar a sus amos, con quienes su pensamiento y sus sentimientos se han vueltos gemelos, son ya lo mismo, al declarar inconstitucionales, tanto las reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), como el Presupuesto 2017.
Seguramente han festejado su “hazaña”, como lo hiciera la víspera de la última sentencia una de sus colaboradoras con el prestanombres de la demanda contra el presupuesto. Celebran dejar a cerca de 200 mil jubilados sin una fuente de financiamiento para sus pensiones, pero habiendo asegurado el capricho de las empresas que se lucran de la privatización de las pensiones.
En una intervención radial, el abogado Sidney Blanco trataba de justificar la aberrante resolución contra el FOP; todo su alegato versó sobre los intereses que pagaba el gobierno a los ahorros de los trabajadores; en un momento dijo que el pago de las pensiones era un tema que abordarían en otra resolución que tiene pendiente: la del Presupuesto, es decir, en su cabeza rondaba la idea de que en el presupuesto de 2017 debía estar el pago de las pensiones, además del pago de los intereses y abono a capital del FOP. Me pregunto, ¿tendrá conciencia de lo que habla? ¿Saben sumar los magistrados de esa “honorable sala”?
Quizá saben sumar, pero dificultades al pueblo pobre y ganancias a la oligarquía. El magistrado debe saber que los intereses los paga el pueblo, que el abono a capital lo paga el pueblo, el cotizante y el que no cotiza, es decir la generalidad; y para colmo, miente cuando dice que la Asamblea no ha resuelto el mandato de establecer un interés razonable, cuando hoy esos intereses son del 4.5%, a diferencia de cuando Arena gobernaba, que los estableció como la tasa libor más 0.75, con lo cual hubo momentos en que ese interés era del 1.5%. Pero ninguna tasa compensa el 20% de la cotización de cada mes que se queda en manos de las AFP y que ellos jamás cuestionarán.
¿Por qué el voto de ese señor Blanco es concurrente en la sentencia de inconstitucionalidad del Presupuesto 2017? Sin duda debe haber luchado porque en el presupuesto se debía incorporar todo el pago de pensiones, ignora que ni todo del presupuesto de la CSJ, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía juntos pueden pagar el costo de sostener el pago de pensiones. Ellos ya “santificaron” el FOP, que es el único mecanismo institucional existente para pagar a los pensionados; reflejo de que la privatización fracasó hace 11 años, y que el Estado ha debido responder por ese fracaso sin que las AFP dejen de percibir el 700% más de ganancia que los bancos.
Eso no les parece inconstitucional sencillamente porque ellos y la oligarquía son ya lo mismo, y no van a poner en riesgo el negocio de las AFP. Esos abogados no piensan en el pueblo para resolver las demandas, simplemente repiten la argumentación política del partido de la oligarquía, de las fachadas de la oligarquía (FUSADES, ANEP y otros cascarones creados por ellos mismos).
Usted, amiga o amigo jubilado, sepa que su pensión se ha pagado con deuda desde 2001, y que esa deuda se paga con solidaridad de todos los habitantes que soportan la carga, la deuda estatal para pagarle, sea con eurobonos o con certificados de inversión previsional. Y dentro de ese mecanismo de pago hay también una suerte de solidaridad intergeneracional, porque del ahorro de los cotizantes se ha tomado prestado para pagarle su pensión a lo largo de 11 años; solo que hoy esos cuatro abogados han decidido que no se siga prestando más. Es decir que su suerte no les interesa.
Ellos quieren que por magia aparezca dinero ahora, o que usted se enoje con el gobierno, porque a él y a nadie más culparían; ese es el hilo de todas sus resoluciones: bloqueo financiero y engaño al pueblo, sabedores que se ha estado sin conocer esos mecanismos, creados por la oligarquía para mantener las ganancias de las AFP.
Dicen que declaran inconstitucional el Presupuesto 2017 porque no contiene el pago de intereses y abonos a capital; pero sobre la pensión de cada jubilado se hacen los olvidados.
Esas resoluciones son contra el pueblo, que con sus impuestos honra el pago de las deudas, y especialmente contra los jubilados, que les deja sin financiamiento de sus pensiones. Evidencian el servilismo a la derecha oligárquica y el afán ilegítimo de controlar el país.
¡Apoyemos al Presidente Sánchez Cerén en las medidas que tome para impedir los macabros propósitos de esos magistrados!
