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Managua/AFP
Julia Ríos
La liberación de la salvadoreña Teodora Vásquez tras 11 años de prisión por un aborto puso en evidencia la dramática situación que viven mujeres en Centroamérica, donde severas leyes penalizan toda forma de interrupción del embarazo incluso en casos terapéuticos.
En las últimas dos décadas, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohibieron el aborto terapéutico, lo que ha impedido a cientos de mujeres el acceso a servicios médicos seguros en casos de emergencia de obstetricia.
Así lo han advertido organismos como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e IPAS (International Projects Assistance Services).
El tema cobró relieve esta semana con la conmutación de la pena de la salvadoreña Vásquez, tras cumplir 11 años de una sentencia de 30 por un parto intempestivo, que provocó una condena por «homicidio agravado».
Tras su liberación este jueves, la organización Amnistía Internacional pidió «una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre aborto» y la liberación de al menos 27 mujeres encarceladas en El Salvador «en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto».
«Realmente esta ley es injusta porque condena a las mujeres a la muerte y las repercusiones para una familia son muy serias, tanto en lo económico como por el cuido de las otras criaturas (hijos) que quedan solas», manifestó Magaly Quintana, dirigente del capítulo Nicaragua de CDD.
Según la activista, es difícil obtener cifras de muertes de mujeres o el número de abortos «porque hay un secretismo sobre los homicidios, la mortalidad materna y todo lo que cuestione al Estado».
Sin embargo, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, informó esta semana de la muerte de una mujer por complicaciones del embarazo, una semana después de otro caso semejante.
«Hay mujeres que han muerto, no tenemos estadísticas oficiales, pero conocemos de casos concretos donde por temor del personal de salud, las mujeres no fueron atendidas a tiempo con el tratamiento que ameritaba su complicación obstétrica», explicó a la AFP la directora de IPAS para Nicaragua, Martha Blandón.
«Hemos conocido de diversos casos, pero cuando hemos tratado de profundizar en el estudio nos hemos encontrado que las familias, que son muy pobres, tienen miedo de enfrentar a las autoridades locales, o reciben presiones y ofertas materiales para que desistan de denunciar las muertes de las mujeres», dijo la especialista.
Trabajo a oscuras
Dos casos de mujeres embarazadas que retratan el impacto de estas leyes son los de Amalia en Nicaragua (2009) y Beatriz en El Salvador (2013). La primera padecía cáncer y la segunda de lupus, y no recibieron tratamiento adecuado por temor del personal de salud a dañar al feto y provocar un aborto.
Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exhortaron a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador a darles atención médica.
Ambas mujeres recibieron tratamiento y dieron a luz, pero sus bebés no sobrevivieron y meses después ellas también murieron como consecuencia de los tratamientos tardíos, según organizaciones feministas.
Quintana enfatizó que las entidades que ayudan a las mujeres trabajan a ciegas debido a que los gobiernos «no publican las cifras sobre mortalidad materna porque tendrían que revelar los casos de mujeres que murieron por causa del embarazo, que padecían enfermedades como lupus, cáncer, embarazos ectópicos, es decir todo lo que es mortalidad obstetricia indirecta».
Según Quintana después del caso de Amalia, las autoridades sanitarias de Nicaragua comenzaron a resolver casos de aborto terapéutico «para no verse en un escándalo internacional».
«El Hospital de la Mujer Bertha Calderón (de Managua) tiene la orden no escrita, pero explicita y clara, que ninguna mujer se va a morir por un aborto terapéutico (…) Pero las mujeres que no logran llegar al Bertha Calderón viven un calvario», dijo Quintana.
Pese a la prohibición, en Nicaragua no hay mujeres encarceladas por abortos inducidos.
En Guatemala y Costa Rica el aborto está permitido pero solo en caso de riesgo de vida de la madre. Panamá autoriza su práctica en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o que el feto no sea viable.
Según datos del Ministerio de Salud de El Salvador, al menos 27 mujeres fallecieron por complicaciones relacionadas al aborto y embarazo ectópico entre 2011 y 2015. Y en Honduras, el Centro de Derechos de la Mujer registró que en 2017 hubo entre 50.000 y 80.000 abortos clandestinos.
