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Por Liliana Samuel
Buenos Aires/AFP
Un tribunal argentino condenó el viernes al exdictador Reynaldo Bignone y al coronel retirado uruguayo Manuel Cordero, here entre otros 13 acusados, por el Plan Cóndor, un sistema criminal de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80.
De los 18 acusados que esperaban este veredicto tras el juicio iniciado en 2013, uno murió hace unos días, 15 fueron condenados y dos resultaron absueltos. Las condenas por «asociación ilícita» y otras responsabilidades van de 8, 12, 20 y 25, dependiendo de los casos probados a cada uno de los exmilitares acusados.
Bignone y Cordero no estuvieron presentes en la lectura del veredicto.
En la causa abierta en 1999 que llegó a juicio en 2013, se abordó el caso de 105 víctimas del Plan Cóndor, de los cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.
Los implicados, en su mayoría ya condenados por otras causas, dieron forma a un plan de secuestro, tortura y asesinato de opositores bajo los regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
De 88 años, Bignone fue condenado a 20 años como autor «penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor», dijo el juez Oscar Almirante, al leer el veredicto.
Bignone fue el último presidente de facto que tuvo Argentina en la dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30.000 desaparecidos, según organismos humanitarios.
El exmilitar uruguayo Manuel Cordero, extraditado desde Brasil en 2007, fue sentenciado a 25 años como «partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos», según la sentencia.
«¡30.000 detenidos, desaparecidos! Ahora y Siempre», gritaron al término del veredicto en una sala abarrotada de familiares y abogados de las víctimas, entre ellas Nora Cortiñas, presidenta de la organización Madres de la Plaza de Mayo Línea fundadora.
«Estoy satisfecha…, tengo una sensación de paz», señaló la uruguaya María del Carmen Martínez, que estuvo presa en Buenos Aires, quien siguió en directo la difusión del fallo con una veintena de víctimas y familiares de desaparecidos en la embajada argentina en Montevideo.
Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014.
La nieta de Gelman, Macarena -presente en la sala-, fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, y recuperó en el 2000 su identidad a los 23 años.
Las embajadas argentinas en Chile, Uruguay y Paraguay transmitieron en vivo la lectura del fallo, que pasó inadvertido por los canales de televisión en Argentina.
Testigos del horror y la justicia
Unos 300 testigos desfilaron durante el proceso, inédito también por la cantidad de documentos de prueba.
«Es una condena satisfactoria. Es el primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá. Me hace pensar ¿Y en Uruguay cuándo?», dijo a la AFP Macarena Gelman al agregar que en algún sentido «justicia es reparación».
La activista humanitaria Cortiñas celebró que «Argentina sea hoy una ventana al mundo para mostrar que se puede», aunque «el éxito hubiera sido que nos encontráramos con nuestros hijos e hijas», lamentó esta madre de un militante político desaparecido en 1977.
Algunos testigos viajaron desde Paraguay como Federico Tatter, periodista de 56 años, hijo de un militar paraguayo desaparecido tras pasar por el centro de tortura argentino el Olimpo, cuyos presos fueron lanzados en su mayoría al Rio de la Plata desde aviones militares.
El general retirado Santiago Omar Riveros, de 92, exjefe de Institutos Militares del Ejército, sumó el viernes 25 años de cárcel.
Un precedente
Este fue el primer juicio en Latinoamérica que reconoce la existencia del Plan Cóndor como un «sistema criminal e institucionalizado», dijo la abogada Luz Palmas, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG argentina de derechos humanos que representa a varias familias querellantes.
«El Tribunal (…) dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras», destacó el CELS en un comunicado.
El Plan Cóndor preveía tres etapas: la identificación de los opositores, su eliminación o secuestro en los países sudamericanos y finalmente, la neutralización de los exiliados fuera de la región, explicó la abogada.
El plan se suspendió tras el asesinato de Orlando Letelier, excanciller del presidente chileno Salvador Allende, en Washington en septiembre de 1976, a manos de un exagente de inteligencia de Chile y de la CIA.
El exdictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981) figuró entre los acusados de este juicio pero murió preso en 2013 a los 87 años. Argentina detenta el mayor número de condenas a represores de la época, en comparación con sus vecinos.
El exagente civil de inteligencia argentino Miguel Angel Furci, acusado en la causa bautizada Automotores Orletti II, escuchó su condena a 25 años como «coautor penalmente responsable agravado por violencia» de 67 víctimas.
Orletti fue un centro clandestino de detención en un antiguo taller mecánico en el oeste de Buenos Aires, donde se torturó allí a extranjeros secuestrados en el marco del Plan Cóndor.
