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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La corrupción administrativa que ha caracterizado a la institucionalidad del Estado fue promovida por imposición del modelo económico extractivo”, reitera el comunicado de organizaciones ecologistas, de derechos humanos, iglesias históricas y población civil, sobre la reciente decisión del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental que da operatividad a la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. La Comisión Ecologista “Laudato Si”, Vecinos Organizados en Resistencia, Convergencia Democrática, Sociedad Civil de Guatemala y El Salvador, JPIC, Colectivo Madreselva, Convergencia Nacional de Resistencia, ACAFREMIN, vecinos y vecinas del soberano pueblo de Asunción Mita, Jutiapa Guatemala, emitieron su rechazo colectivo a la “supuesta actualización del Estudio de Impacto Ambiental” que pretende BlueStone Resources, para continuar con el proyecto minero Cerro Blanco.
En su pronunciamiento reseñaron que, al “actualizar” el estudio, sólo se estaría “habilitando un proyecto fracasado que solamente ha extraído agua geotermal rica en arsénico y metales pesados. Que terminaría creando un desequilibrio y contaminando el manto freático e impactando el recurso hídrico y caudal de la Cuenca Ostúa-Güija-Lempa, que también acarrea a futuro un conflicto binacional entre Guatemala y El Salvador.
Asimismo, señalaron el esfuerzo comunitario y decisión del “soberano pueblo de Asunción Mita” que, accediendo a sus derechos constitucionales, realizaron un proceso de consulta legalmente establecida en el Código Municipal, para el cierre de la mina Cerro Blanco en su territorio.
“Denunciamos la negación de una jurisprudencia previa, que ahora pretenden hacer retroceder el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados sobre medidas administrativas, legislativas y sobre proyectos que ponen en riesgo la vida, el agua y el territorio que afecta a la población guatemalteca, ante la ausencia de una Ley de Aguas y Tratado Binacionales de Aguas Compartidas”, acotan.
“Denunciamos también la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde emite un fallo favorable a la acción de inconstitucionalidad parcial interpuesta por la empresa Elevar Resources, en contra de tres artículos de una propuesta de reglamento que nunca nació a la vida jurídica ni fue aprobado por el honorable Concejo Municipal; por tanto, no se aplicó al reglamento que rigió y normó el proceso de consulta del 18 de septiembre de 2022”, señalaron. Por lo que hicieron un llamado al Gobierno central a que escuche una petición de las autoridades ancestrales en el sentido de adoptar una “moratoria minera” para detener lo que consideran una “alarmante conflictividad socio ambiental” y revisar de manera meticulosa los procedimientos utilizados para la aprobación “fraudulenta de las licencias de explotación minera”, seguido de un debate público sobre el tema del desarrollo libremente decidido.
“Le exigimos derogar el acuerdo 317-2019, creado para favorecer empresas que han incumplido con compromisos ambientales y cuyas licencias deben ser canceladas. Al ministro de Energía y Minas, a proceder de acuerdo a la Ley de Minería, y proceder a la caducidad y proceder a la caducidad del proyecto Cerro Blanco, en virtud de no haber extraído minerales (15 años) ni tributado al fisco”, reafirmaron. Igualmente, el pronunciamiento señaló la petición al ministro de Relaciones Exteriores, para atender el llamado de la Cancillería de El Salvador, a fin de proceder a instalar una comisión binacional de alto nivel, con el fin de evaluar los impactos en la cuenca y establecer acuerdos así como regulaciones de protección de las aguas compartidas de ambas naciones. “A los procuradores de Derechos Humanos de Guatemala y El Salvador, a retomar la Carta de Entendimiento, firmada en 2019, para proteger los derechos humanos de nuestros pueblos ante la amenaza que significa la entrada de operaciones de la mina Cerro Blanco, exigiendo a sus respectivos gobiernos priorizar la vida, la salud y los derechos colectivos de los pueblos”, demandaron.
“Al Ministerio Público, escuchar la voz del soberano pueblo de Guatemala que pide la renuncia de la fiscal y los actores corruptos que han contribuido a la crisis política que atraviesa el país. Y el soberano pueblo de Asunción Mita seguirá defendiendo el voto expresado en nuestra legítima consulta y realizará acciones legales pertinentes y necesarias, para llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para la restitución del Derecho a la Información y la Consulta”, puntualizan.
