Francisco Elías Valencia
@fe_valencia
El economista César Villalona al conversar sobre el estado de la economía de El Salvador, en los primeros cuatro meses del gobierno del presidente Nayib Bukele, basado en informes del Banco Central de Reserva, dice que hay “una disminución de la actividad económica interna”.
César, ¿qué nos puedes decir del estado de la economía?
El “Informe Económico Mensual” del Banco Central de Reserva (BCR) correspondiente a mayo, dice que “por el enfoque de la demanda los componentes que mostraron un mayor dinamismo fueron: Gasto de Consumo Final (público y privado) y la Formación Bruta de Capital Fijo, con tasas de crecimiento de 4.2 % y 3.6 %”. El informe de julio dice lo contrario: “los indicadores de demanda muestran desaceleración en el crecimiento de las remesas familiares, gasto e inversión del gobierno”. Agrega que “estos indicadores muestran una disminución de la actividad económica interna”.
¿Por qué ese cambio en tan poco tiempo?
El período es muy corto para dar una opinión firme, pero vemos un aumento del desempleo por los miles de despidos, el cierre de programas sociales (del INJUVE, Operación Milagros y otros) y el freno del gasto y la inversión pública. El poder de compra también disminuye por el encarecimiento del gas y la energía, en un marco de congelamiento salarial.
El problema no es de mercado externo, pues en mayo las exportaciones habían caído -1 % y para agosto habían crecido 0.6 %. Hasta mayo las remesas habían crecido 3.77 % y para agosto aumentaron 4.1 %. Las variables externas mejoraron. La desaceleración esta en las variables internas. Para enero-mayo, el crédito a las empresas una variable fundamental de inversión había crecido 10 % con respecto al mismo período del año pasado; para agosto creció 7.9 %. Las importaciones de bienes de capital, otra variable de inversión, creció 4.8 % hasta mayo y 2.90 % hasta agosto.
Organizaciones populares presentaron un nuevo proyecto de ley de pensiones.
¿En qué consiste el proyecto?
Consiste en eliminar las AFP y crear una institución pública que administre los fondos que hoy captan las AFP, del INPEP y la unidad de pensiones del ISSS. El ente público sería autónomo y sin fin de lucro y cobraría una comisión de 0.5 % sobre una cotización de 16 %, porque la aportación patronal aumentaría de 7.75 % sobre los salarios a 8.75 %. Con esos cambios la comisión bajaría de 124 millones que hoy cobran las AFPs (dato de 2018) a 30 millones, y la aportación patronal crecería en más de 50 millones, por el aumento a 8.75 % y porque los patronos tendrán que cotizar cuando las personas tengan permisos por maternidad o discapacidad.
El nuevo sistema tendría un pilar contributivo y solidario y un pilar no contributivo, de $100 al mes para todas las personas con 70 años o más y no estén en el sistema contributivo (como cotizantes pensionados), ni tributen renta y ni sean beneficiarias de otros programas similares.
Las pensiones del pilar contributivo serían vitalicias y muy superiores a las que reciben las personas que en 1998 fueron obligadas a pasar a las AFP, pues el salario base regulador sobre el que se calcula la pensión, ya no sería el promedio de los últimos diez años, sino de los últimos tres años que es más alto. La pensión será el 60 % de dicho salario. Una persona que hoy se jubila con un salario de $1,000 recibe una pensión de $220 o $250, más o menos. Con el nuevo sistema la pensión oscilaría entre $500 y $600.
Esas pensiones las recibirían todas las personas que desde 1998 fueron obligadas a cotizar en las AFP, porque tenían menos de 36 años o porque desde entonces comenzaron a cotizar. Algunas de esas personas se comenzaron a jubilar y también recibirían los beneficios del nuevo sistema. El grupo optado que se trasladó “voluntariamente” a las AFP, mantiene el beneficio del complemento de pensión que ya tiene.
El proyecto de ley también eleva la pensión mínima a 304 dólares al mes, que es el salario mínimo de comercio y servicios. Cuando suba ese salario subirá la pensión en el mismo porcentaje.
¿El sistema sería sostenible?
La proyección financiera da una sostenibilidad de 32 años que podría ser de más tiempo porque se subestimaron los ingresos por rentabilidad de los fondos, que esta en 5.5 % y se calculó en 4.5 %, y el aumento de la población cotizante, de 1.6 % promedio en los últimos 10 años y calculado en 1 %. El sistema privatizado tiene 21 años y entró en crisis al tercer año cuando el Ministerio de Hacienda tuvo que asumir las pensiones del sistema público, quebrado por la privatización. Desde entonces se han hecho varias reformas.
¿Quiénes administrarían el instituto de pensiones público?
La Junta directiva la integrarían diez personas, de las cuales seis serían del sector público: una sería designada por el presidente de la República y las demás representarían al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Dos representarían a la población trabajadora (una del sector público y otra del sector privado), una persona sería del sector de pensionados y otra de las empresas privadas.
Tengo entendido que un grupo de organizaciones marchó a la Asamblea para presentar otra propuesta. ¿De qué se trata?
Esa propuesta no elimina las AFP, no crea un sistema público, solo hace una reformas sin sustento financiero. Traslada recursos de la cuenta de garantía solidaria a la cuenta individual, con lo cual agrava la situación financiera del Estado, que cubre parte de sus compromisos con dicha cuenta. Lo peor es que agrega un artículo llamado “Comisión Sobre la Rentabilidad Obtenida”, que estipula lo siguiente: “se pagará a la institución administradora el veinte por ciento (20 %) en concepto de comisión sobre la rentabilidad. Eso daría alrededor de 60 millones adicionales para las AFP.
¿Por qué algunos sindicalistas apoyan esa propuesta?
Porque ni la conocen. Otros responden al Gobierno, que los movilizó haciéndoles creer que las malas pensiones se deben a la reforma de 2017, lo cual es incorrecto pues se deben a la modificación del salario base regulador, que era el promedio de los últimos tres años y pasó a ser de los últimos diez (y sobre él se paga menos), a la pérdida de rentabilidad desde la dolarización, entre otras cosas. Por su naturaleza, un sistema de ahorro individual y administrado por empresas privadas no da pensiones buenas ni vitalicias.
Lo que hizo la reforma de 2017 fue subirles un punto porcentual a la cotización y la aportación patronal, bajarles a las AFP la comisión de 2.20 % sobre 13 % de cotización, a 1.90 % sobre 15 %; quitarles la comisión de 1 % sobre los rendimientos de las cuentas inactivas y bajarles de 1.5 % a 1 % la comisión sobre las pensiones que otorgan. También creó una cuenta de garantía solidaria con una parte de las cotizaciones y fijó en $2,000 la pensión máxima. Las AFP disminuyeron sus ganancias, de 30.3 millones en 2018 a 27.3 en 2017.
La reforma afectó al grupo optado, cuyas pensiones pagan entre un 3 % y 10 %, según el valor de la misma para nutrir la cuenta solidaria. Pero ese grupo recibe complementos de pensiones.
¿Por qué no se propuso la nacionalización en el gobierno del FMLN?
La propuesta que hizo el Gobierno de crear un sistema mixto conducía a la finalización de las AFP, pues obligaba a todas las personas que recibían hasta dos salarios mínimos de comercio y servicios (608 dólares), que son el 78 % del total de cotizantes, a cotizar en un sistema público. Quienes ganaran más de dos mínimos cotizarían en las AFP sobre el monto excedente.
Como la mayoría de las personas que consiguen trabajo y que cotizan ganan menos de dos salarios mínimos, el sistema público comenzaría a captar a casi todos los nuevos cotizantes. Y como las AFP solo captarán los excedentes de dos salarios mínimos, que son muy pocos, disminuirían sensiblemente sus ganancias. Como cada año se jubilan alrededor de 3,000 personas, en menos de ocho años las AFP no serían rentables y cerrarían sus puertas.
En la propuesta del Gobierno, las AFP manejarían las dos cuentas, pero el Instituto Nacional de Pensiones (de carácter público) era el responsable legal de la cuenta colectiva, las cuales controlaría cuando terminaran las AFP.
Los oligarcas que controlan la ANEP y los partidos de derecha, entre ellos GANA al que pertenece el presidente de la República, vieron que el sistema mixto conducía a un sistema público y dijeron que ese era el robo del siglo.
La propuesta del Gobierno no tuvo correlación en la Asamblea Legislativa. Tampoco la del sector laboral, que era más dura, porque además de plantear lo mismo sobre los salarios mínimos, dejaba a las personas la opción de cotizar en el sistema público sobre el excedente de dichos salarios. Y como la comisión del ente público sería pequeña, la gente abandonaría las AFP.
¿Cómo valoras el proyecto de presupuesto de 2020?
Tiene como énfasis la seguridad pública y las medicinas en los hospitales. Por lo demás, casi todo es negativo: se reduce en -5 % el presupuesto del Ministerio de Agricultura, -6.4 % el de turismo y -10 % el de economía y en -20.1 % el de medio ambiente. El presupuesto de obras públicas se estanca y se le recortan -5.1 % a ANDA, -4.6 % a la CEL y -8.5 % a CONAMYPE. Esas instituciones están vinculadas a rubros económicos y servicios públicos. En cambio, el gasto militar crecería en 26.7 millones (18 %), algo nunca visto desde los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se inició un recorte casi permanente del presupuesto de la FAES.
El presupuesto de educación aumentaría un poco sobre todo por el escalafón salarial, pero representaría el 3.7 % del PIB. Entre 2010 y 2019 representó en promedio el 3.8 %. La UES no tendría aumento.
Lo peor del presupuesto es que suprime programas sociales, como el de fortalecimiento de salud de la mujer, instituto de formación docente, potenciando la escuela inclusiva de tiempo pleno, niñez y juventud del futuro, agricultura familiar, desarrollo y modernización rural, amanecer rural, atención comunitaria y manejo integral de los desechos sólidos.
Otros programas tendrían fuertes recortes, como el de personas de primer nivel de atención, que incluye clínicas comunitarias y ECOSF y al que se le quitan 33 millones, el de pensión básica universal que se les suprime a 3,833 personas con más de 70 años y en pobreza extrema, Ciudad Mujer cuyo presupuesto disminuye -14.8 %, bono para educación y salud, paquetes agrícolas, transferencias al CENTA, saneamiento ambiental y seguridad hídrica. También se le quitan nueve millones de subsidio al gas. Estamos ante un proyecto de presupuesto dañino para la población de menos recursos.
¿Cómo valoras el tema de la inflación y el crecimiento económico en el presupuesto?
El supuesto de inflación de 1%, es correcto, pero no el de crecimiento económico, estimado en 2.5 %. El presupuesto no contribuiría al crecimiento ni a la redistribución del ingreso. Ya vimos el recorte en importantes rubros económicos y sociales. La inversión en activo queda casi igual. El contexto internacional no es bueno, pues el Gobierno de Estados Unidos desató una guerra comercial que afecta el comercio y la producción mundial.