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El colectivo Economistas para la Vida se mostró en desacuerdo ante cualquier esfuerzo por reactivar la minería metálica en El Salvador, pues está ampliamente documentado que dicha actividad genera graves daños ambientales, sociales y sanitarios de carácter intergeneracional, especialmente en países con instituciones débiles, donde prevalecen la influencia de intereses privados y la toma de decisiones inconsultas.
“Lamentamos la falta de seriedad y rigurosidad de estas afirmaciones, que ignoran deliberadamente los riesgos y consecuencias de la minería metálica. Es inaceptable que un tema tan complejo sea tratado con ligereza para satisfacer intereses populistas; un solo individuo apoyado por la complacencia de otros poderes del Estado, puede decidir sobre la vida de las mayorías, comprometiendo el futuro del país”, señaló el colectivo.
Asimismo, indicó que la minería metálica incrementará los conflictos ambientales y la persecución de las personas defensoras del medioambiente.
En Centroamérica, estas actividades son una de las principales causas de conflictos ambientales, como señala el Atlas Global de Justicia Medioambiental, Honduras y Nicaragua presentan las tasas más altas de asesinatos medioambientales per cápita en el mundo.
El Salvador no debe repetir historias de criminalización y violencia contra líderes y lideresas comunitarias, como ocurrió con Marcelo y Ramiro Rivera, Dora Sorto, o como el caso de persecución que la fiscalía tiene actualmente contra líderes de Santa Marta, que expone a un sistema el cual instrumentaliza los procesos judiciales, para silenciar a quienes defienden la vida y el medio ambiente.
“La reactivación de la minería no solo expone a nuestras comunidades a mayores riesgos, sino que también contradice marcos legales como la Ley General de los Recursos Hídricos, aprobada por la misma bancada oficialista y los principios dispuestos en su artículo 8. Defendemos la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en 2017, como un logro colectivo fruto de años de lucha popular y comunitaria”, sostuvo.
Según Economistas para la Vida, la ley que prohíbe la minería metálica es un baluarte en la defensa del territorio, y cualquier intento de retroceso representa una traición a la voluntad y los derechos del pueblo salvadoreño, por lo cual, es necesario que el gobierno priorice el diseño de políticas públicas sustentables y justas, que no sacrifiquen los bienes naturales y los derechos de las personas para satisfacer intereses corporativos.
A la vez, hizo un llamado a todos los sectores sociales, económicos, académicos, gremiales, sindicales, comunitarios del país a sumarse a esta lucha por la defensa de los bienes naturales y el derecho a un futuro digno, construyendo un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad, equidad y el respeto por la vida.
