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Quito/Prensa Latina
Ecuador aprobó la extradición y otras medidas de seguridad en la consulta popular y referendo propuesto por el presidente Daniel Noboa que lo dejan hoy sin excusas para poner freno a la escalada de violencia.
Al conocer los resultados preliminares del proceso consultivo de este domingo, el propio mandatario reconoció que tendrá “más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas”.
Las propuestas que los ecuatorianos avalaron incluyen la presencia permanente de militares en patrullajes conjuntos con la policía, penas más largas por terrorismo, asesinato y otros delitos y mayores controles de armas en áreas cercanas a las cárceles, entre otras.
El plebiscito contó con la participación del 72 por ciento de los más de 13,6 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, en una jornada marcada por el asesinato del director de una cárcel y el conato de motín en una prisión que dejó al menos cuatro heridos.
Aunque aún no están los números definitivos y prosigue el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral divulgó los resultados de un conteo rápido que arrojó un rechazo mayoritario a dos de las 11 preguntas de la papeleta, las relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
En opinión del economista Alberto Acosta, se impuso la defensa de la soberanía nacional y de los derechos laborales, y también el miedo que provoca la creciente inseguridad, que no encontrará una salida con más represión y populismo penal.
Organizaciones políticas catalogaron los resultados como una victoria popular por decir No a las dos propuestas que pretendía ceder soberanía y aumentar la precarización laboral.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, recordó que el actual gobernante destinó 60 millones de dólares a una consulta innecesaria en la cual afortunadamente se impidió aprobar el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Para entrar en vigor, parte de las interrogantes aceptadas deberán ser analizadas primero por la Asamblea Nacional (Parlamento), que tendrá que elaborar los marcos regulatorios en 60 días.
Expertos en materia jurídica consideran que a partir de ese momento Noboa no tendrá pretextos para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social, para disminuir la desigualdad.
«Las joyas de la corona eran el contrato por horas y los tribunales de arbitraje internacional (…) Las demás preguntas sobre seguridad son cuestiones que en su mayoría van a tramitarse vía Asamblea Nacional», aseveró el abogado Mauro Andino.
El analista político advirtió que ahora el gobernante será rehén de su propia demagogia al generar expectativa para reducir la criminalidad, cuando bien sabe que un fenómeno tan complejo no se resuelve con normas.
