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Asunción/AFP
Ecuador intentó el miércoles revivir el debate sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar un proyecto de resolución que propone mudar su sede de Washington, case entre otros cambios que dividen a los miembros de la OEA reunidos en Asunción.
La copia del primer proyecto de resolución impulsado por el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa llegó el martes por sorpresa a manos de los cancilleres de la Organización de Estados Aamericanos (OEA) y será discutido este miércoles a puerta cerrada en la reunión de la Comisión General.
No obstante, tras una reunión bilateral con el bloque Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Ecuador habría decidido el miércoles «bajarle el perfil a la resolución» y esperar un tiempo antes de plantear estos cambios, a pedido de Brasil, Argentina y Uruguay, dijo a la AFP una fuente diplomática que pidió el anonimato.
El documento propone impedir que algunas áreas de la CIDH cuenten con más financiamiento que otras y favorece «una revisión rigurosa» de los mandatos asignados a las relatorías, un pedido destinado a evitar que los aportes de los estados no sean direccionados, por ejemplo, a la Relatoría de Libertad de Expresión que según indican cuenta con más recursos.
Precisamente ha sido la Relatoría de Libertad de Expresión la que ha criticado los procesos judiciales emprendidos por el presidente Correa, contra periodistas y opositores.
En este sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada, pidió que la CIDH como un órgano autónomo de la OEA «no sea instrumentalizada con fines políticos en contra de algunos países y no usen doble rasero en su análisis».
El reclamo de Moncada reitera el planteamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), que acusan a la Relatoría de Libertad de Expresión de ser financiada «por el poder mediático internacional» contra los «Gobiernos progresistas» de América.
Otro planteamiento que divide a la OEA es el de sacar a la sede de la CIDH de Washington, porque según Correa se presta a que Estados Unidos influya sobre el organismo.
El proyecto pide considerar a Haití, Costa Rica y Guatemala como eventuales sedes de la CIDH, que se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.
La OEA quiere reivindicarse
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza optó en su discurso inaugural el martes por abordar los dos temas que han provocado controvesias en la organización en los últimos años: la crisis política en Venezuela y las reformas a la CIDH.
Sobre el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Insulza expresó la preocupación por la falta de avance en estas conversaciones pero exhortó a la comunidad internacional a apoyarlo «sin presiones ni sanciones», en alusión a las iniciativas de la cámara de Representantes en Washington.
Respecto a las reformas de la CIDH recordó que en 2012 se aprobaron e introdujeron cambios reclamados por los estados miembro.
«No cuestiono el derecho de cualquier Estado a intentar reformar el sistema. Pero ello se debe hacer enmendando las normas jurídicas que corresponden y casi todas ellas están consignadas en la Carta de la OEA y en la Convención», advirtió Insulza.
Tras mencionar los propósitos originales que motivaron el proceso de reformas de San Salvador (2011) y Cochabamba (2012), de fortalecer el sistema, ampliar la pertenencia a la Corte, mejorar su financiamiento y reafirmar la autonomía de la Comisión y la Corte, Insulza pidió dejar de lado esfuerzos paralelos «que sólo sirven para debilitar uno de los órganos principales de la OEA».
«Evitemos seguir un largo y penoso debate sin resultados benéficos, que sólo puede debilitarnos y dividirnos, poniendo en cuestión una de las principales riquezas de esta Organización», dijo en un discurso donde quiso defender la vigencia de este foro en una «era de tantas cumbres» y surgimiento de múltiples bloques de integración política y económica regional.
