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Quito/PL
El Consejo de la Administración Legislativa, de la Asamblea Nacional, definirá hoy la comisión encargada de atender el proyecto de ley de paraísos fiscales, para prohibir a funcionarios públicos tener bienes o capital en esas instancias extraterritoriales.
La iniciativa fue remitida al máximo órgano legislador tras la victoria del SI en la Consulta Popular promovida por el presidente Rafael Correa, realizada junto a la primera vuelta de elecciones generales el 19 de febrero.
Para aplicar el referendo deberán modificarse tres normativas, el Código de la Democracia, la Ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la ley Orgánica del Servicio Público.
Los ecuatorianos electos como máximas dignidades del país y en otros puestos de elección popular tendrán hasta el 6 de marzo de 2018 para presentar sus declaraciones de bienes y capital ubicados en instituciones extraterritoriales y traerlos de vuelta.
El texto establece que el traspaso de bienes o capitales no se considerará válido en caso de efectuarse a ‘empresas, corporaciones, fundaciones u otras formas de asociaciones y fideicomisos’, en los cuales el funcionario sea parte.
Tampoco será efectiva la transferencia si es en beneficio de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados con el funcionario.
Quienes incumplan la regulación serán destituidos del cargo o separados de sus respectivas empresas.
Para la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el proyecto es muy importante por ser una apuesta trabajada y debatida durante todo el 2016 debido, principalmente, al escándalo de los llamados Papeles de Panamá
La víspera, en el programa radial Contigo de Ley, la asambleísta recordó que más de 30 mil millones de dólares de Ecuador se encuentran en paraísos fiscales.
