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Quito / AFP
Indígenas ecuatorianos pusieron fin a la batalla judicial que libraban contra Chevron en Canadá, donde pretendían cobrar una millonaria sanción contra la petrolera estadounidense por daños ambientales en la selva.
Canadá se suma a la lista de países en los que los amazónicos han intentado sin éxito homologar la sentencia dictada en Ecuador, que obliga a la firma a pagar 9.500 millones de dólares por contaminación. A falta de activos de Chevron en Ecuador, los reclamantes habían recurrido sin éxito ante jueces de Brasil, Argentina y Estados Unidos.
El fin del litigio en las cortes canadienses fue anunciado el lunes por la multinacional. La petrolera afirmó en un comunicado que «los demandantes ecuatorianos y sus abogados no se opusieron a la solicitud de Chevron de desestimación de la demanda; por el contrario, los demandantes desistieron de la demanda de modo incondicional y definitivo».
Pablo Fajardo, abogado de una parte de los demandantes, señaló a la AFP que decidieron «no continuar con el litigio» luego de que en abril último la Corte Suprema de Canadá no admitió una apelación mediante la cual los indígenas pretendían cobrar a Chevron la millonaria suma de dinero, dado que la empresa no tiene activos en Ecuador.
Un tribunal de Ontario había dictaminado en 2017 que la filial canadiense de la empresa era legalmente distinta de la matriz en Estados Unidos, por lo que sus activos no podían ser incautados.
«Nosotros tenemos el derecho a demandar a Chevron Corporation en Canadá, pero la justicia canadiense en estos últimos años nos impidió que podamos seguir el juicio contra las subsidiarias» de la petrolera, comentó el abogado.
Fajardo consideró que a diferencia de las filiales «Chevron Corporation no tiene ningún centavo en Canadá» por lo que «no tiene ningún sentido» seguir un juicio a «una empresa que es una cáscara vacía».
La batalla judicial en Canadá era la última que los pobladores amazónicos mantenían abierta contra la petrolera por contaminación en la región de Lago Agrio, producida entre 1964 y 1992 por Texaco, la cual Chevron compró en 2001.
Chevron sostiene que Texaco gastó 40 millones de dólares para limpieza del ambiente y que el gobierno de Ecuador liberó de toda otra obligación a esa compañía antes de que Chevron la comprara.
Tras 25 años de litigio, la Corte Constitucional de Ecuador ratificó el año pasado un fallo de 2011 que obliga a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por daño ambiental.
-¿Qué sigue?-
Aunque no han tenido éxito en sus acciones fuera de Ecuador, «los ecuatorianos están explorando otras opciones y harán un anuncio en el momento adecuado», indicó en un comunicado el abogado Patricio Salazar del Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a otro grupo de afectados.
Los demandantes no han precisado a qué otros países podrían acudir en busca de los activos de la petrolera, que atribuye la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio.
Chevron se rehúsa a pagar la indemnización alegando que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.
«Estamos complacidos de que los promotores del esquema fraudulento aparentemente han comprendido que ninguna corte legítima ejecutará la sentencia que compraron en Ecuador», comentó Hewitt Pate, vicepresidente y asesor general de la compañía al conocerse el desenlace del litigio en Canadá.
De acuerdo con la petrolera estadounidense los demandantes «aceptaron» ser «condenados al pago de los costos de Chevron en el proceso». Sin embargo, Fajardo sostuvo que eso es «falso».
«Jamás vamos a pagar eso. No es justo. No es posible que uno vaya a buscar justicia y encuentre sanciones económicas. Eso demuestra las falencias, cómo protegen a las corporaciones y dejan en indefensión a los pueblos», señaló el abogado.
El año pasado un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya anuló la millonaria condena contra Chevron al considerar que Ecuador violó un Tratado de Protección de Inversiones entre Washington y Quito, y denegó justicia a la petrolera.
La firma acudió en 2009 ante La Haya señalando «negación de justicia» con el argumento de que ya había sido liberada por el Estado ecuatoriano de su responsabilidad en la contaminación ambiental.
