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Madrid/PL
Los tres primeros alcaldes citados por la justicia española para que expliquen su apoyo al referendo independentista del 1 de octubre en Cataluña se negaron hoy a prestar declaración.
Más de 700 de los 948 regidores de esa comunidad autónoma del noreste del país se comprometieron a ceder sus locales para la realización de la controvertida consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) a petición del gobierno de Mariano Rajoy.
Los tres ediles se acogieron a su derecho a no declarar, tras denunciar que la causa del referéndum secesionista está judicializada por la Fiscalía General del Estado, a la que acusaron de extralimitarse en sus funciones.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó el 13 de septiembre a los fiscales catalanes citar en calidad de investigados (imputados) a los alcaldes dispuestos a cooperar con el sufragio y, en caso de que no comparezcan, acordar su arresto.
La administración catalana, presidida por el independentista Carles Puigdemont, pidió a los ayuntamientos la cesión de sus espacios públicos para llevar a cabo la polémica votación, con la cual pretende declarar a Cataluña en un Estado soberano.
A propuesta del ejecutivo español, el TC paralizó el pasado día 7 la ley y convocatoria del referéndum de autodeterminación aprobado por el parlamento autonómico, advirtiendo a las autoridades regionales y municipales de que no participen en el mismo.
Pese a las medidas intimidatorias, los líderes independentistas catalanes desoyeron las decisiones del Constitucional, al cual consideran una institución politizada, y aseguraron que éste no va a parar el escrutinio.
‘No suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado’, aseguró Puigdemont en reiteradas ocasiones.
La Generalitat (gobierno catalán) denunció hoy la implantación de un ‘estado de sitio’ en ese territorio de 7,5 millones de habitantes, pero advirtió que las acciones del Estado, que calificó de represivas, no conseguirán frenar la realización de la consulta.
A juicio del consejero de la Presidencia de esa comunidad autónoma, Jordi Turull, el estado de sitio promovido desde el ejecutivo central de Rajoy se enmarca en su ‘estado de impotencia’ ante el 1 de octubre.
