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@OscarCoLatino
El sistema educativo público de El Salvador tiene cinco mil 184 centros escolares, de los cuales al inicio de la actual gestión, se contabilizaron tres mil 50 que no estaban legalizadas a favor del Ministerio de Educación (MINED).
El que un centro escolar esté en un inmueble que no es propiedad del MINED limita a la Cartera de Estado invertir en el mejoramiento o readecuación de sus instalaciones, esto debido a que por ley se prohibe invertir recursos públicos en propiedades privadas.
Francisco Castaneda, viceministro de Educación, expresó que el hecho de que en gobiernos anteriores no se ejecutaran medidas para legalizar las propiedades en las que funcionan centros escolares demuestra “que la educación no fue una prioridad más allá de los discursos”.
“Que el Estado salvadoreño no sea dueño ni de sus escuelas es algo increíblemente incomprensible y por eso es que era que podíamos encontrar escuelas sin servicios sanitarios, sin techos, funcionando con láminas y hasta en casitas de bahareque”, agregó Castaneda.
El viceministro de Educación explicó que los centros escolares no podían ser intervenidas porque estaban en fincas, haciendas, cooperativas, en inmuebles de otras dependencias del Estado o en zonas verdes con administración municipal.
Para ejecutar obras de mejoramiento en la infraestructura de centros escolares, el MINED impulsó en la Asamblea Legislativa una ley que permitiera transferir al MINED la propiedad de los centros escolares, sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por todos los partidos políticos.
“Propusimos a la Asamblea Legislativa, un bloque de diputados votó, otro bloque de diputados que ahora anda visitando escuelas y denuncia que las escuelas están abandonadas, no votó por la Ley Especial de Legalización de Inmuebles del Ministerio de Educación, no se preocuparon por legalizarlas”, enfatizó el funcionario.
La falta de legalidad en los inmuebles generó un déficit en la infraestructura escolar, ya que con el paso del tiempo los centros escolares se fueron deteriorando, y el MINED no tenía las facultades para invertir en su mejora para beneficio de los estudiantes.
“Los centros escolares que no están legalizados a favor del ramo de educación no se les puede intervenir, no hay ministerio que pueda invertir en un inmueble que no está inscrito ni registrado a favor de ese ramo, ese es el verdadero problema de infraestructura escolar, no tener legalizadas las escuelas”, explicó Castaneda.
Con la Ley Especial de Legalización de Inmuebles del Ministerio de Educación, se dio un lapso de cinco años al MINED para legalizar las más de tres mil escuelas que no están inscritas a su favor, de las cuales hasta la fecha se han legalizado unos 300 centros educativos.
“Esos son las que tienen prioridad de atención con los cerca de $30 millones que vamos a invertir este año en infraestructura escolar”, aseguró el viceministro de Educación.
En cuanto a gestionar cooperación internacional, el funcionario explicó que algunas embajadas invierten en centros escolares que son propiedad del MINED. “No todas las embajadas invierten en un inmueble que no está inscrito a favor del ramo de Educación, por ejemplo la Cooperación Japonesa que nos ayuda enorme y generosamente en infraestructura escolar no invierte si no está inscrito el inmueble a favor del ramo de Educación, con la Cooperación Italiana es más abierta esa cooperación”, explicó Castaneda.
