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Herson Isaac Vázkez
Enfoque sobre Educación Superior
La buena o mala calidad de la educación superior pública en El Salvador es responsabilidad del Estado y de las autoridades que conducen la Universidad de El Salvador (UES). El debate del quehacer por mejorar las condiciones de la única universidad pública del país se ha vuelto un tanto demagógico, help principalmente cuando se está en campaña electoral dentro de la institución y en campañas electorales presidenciales, viagra la mejor oferta es aplaudida y coreada, ailment pero pasadas las elecciones, juramentadas las autoridades de la UES o de gobierno pertinentes, las condiciones dentro del Alma Mater continúan linealmente sin presentar los cambios sustanciales propuestos.
Ante estos sucesos, es pertinente formular la siguiente problemática: ¿Qué hacer con esto de la educación superior?, especulamos que todavía no se ha diseñado una política de Estado que tenga como principal apuesta el desarrollo integral de este pilar fundamental que incide en la transformación, no solo de la calidad académica, sino también de la calidad de vida de los salvadoreños. ¿Por dónde comenzar? es el dilema que todos apuestan pero que nadie intenta ejecutar desde ninguna arista política palpable que realmente tenga influencia en las buenas proyecciones de la educación superior pública. Entonces, ¿Quiénes son los principales actores y cuál es el papel que están desempeñando actualmente en relación a este tema?
Los principales responsables de una educación superior de calidad en El Salvador son: por una parte, el Estado, y por otra, las autoridades rectoras de la Universidad de El Salvador. De ambas entidades depende que el sistema educativo de educación superior pública genere los resultados académicos de calidad que necesita la sociedad.
Los últimos datos más recientes al respecto presentan un análisis crítico sobre el papel del Estado en referencia al presupuesto para la Universidad. La siguiente gráfica muestra que el presupuesto de la nación (línea superior) aumentó desde el año 2003; también el presupuesto del Ministerio de Educación (MINED) refleja un incremento proporcional (línea del medio); mientras que el presupuesto de la UES (línea punteada más inferior) para el año 2003 era de $ 29 millones 091,460 dólares, el cual presenta un supuesto incremento que hasta la fecha actual (año 2015) ascendió a $ 70 millones 447,340 dólares. Esto parecería un incremento justo, pero el único inconveniente es que, el presupuesto actual es relativamente equivalente al monto presupuestario del 2003, en el sentido de equiparlo con el aumento del poder adquisitivo en bienes y servicios, es decir, que la capacidad de adquisición que se tiene con un dólar hoy en día, es más baja que la que se tenía el año 2003. Agregar también que para el 2003 la cuota estudiantil era aproximadamente de 40 mil estudiantes, sin embargo, para 2015 la población estudiantil supera los 53 mil.
Pero el papel del Estado no debería esta limitado solamente al tema presupuestario, sino también a la responsabilidad y obligación de elaborar una propuesta integral y de amplio alcance sobre el modelo de educación que realmente necesita nuestro país.
Una Política de Estado sobre Educación Superior Publica, comprendería al menos: calidad académica, formación docente, ampliación de infraestructura, seguridad y salud estudiantil, internacionalización académica, incremento de cobertura del nuevo ingreso, apertura de nuevas carreras, actualización de herramientas tecnológicas, incluso, gratuidad de la educación y extensión de la cobertura académica de la Universidad para que llegue hasta los sectores de escasos recursos económicos, entre otras necesidades.
Ésta debería construirse desde una amplia participación de todos los sectores involucrados: comunidad universitaria, gobierno, sociedad civil organizada, partidos políticos, empresa privada, organismos de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, entre otras.
Ahora pasemos al interior de la Universidad.
El problema de esta institución ha sido la deficiencia en articular una propuesta concreta de trabajo que contenga las principales áreas mencionadas en el párrafo anterior, con respecto a la Política Publica propuesta por el gobierno.
Sumado a ello, la errónea interpretación de la “autonomía universitaria” no se refiere a independencia anárquica total fuera del Estado, pues esta solo es administrativa, académica y electoral, pero no financiera.
Argumentar que por “autonomía”, el Estado no puede tomar parte en las áreas importantes de la Universidad ha sido el error que más le ha costado a la Casa de Estudios.
La autonomía está dada y no existe ningún obstáculo para que la comunidad universitaria organice su propio sistema democrático interno, pero esa autonomía no debe interpretarse como proteccionismo contra el Estado para que este no intervenga en las decisiones claves de una de las instituciones más importantes del desarrollo nacional.
Finalmente, tanto el Estado como las autoridades rectoras de la Universidad, no han impulsado las bases profundas de un programa nacional sobre la educación superior en El Salvador.
Estamos en un momento coyuntural importante, a partir del próximo 28 de Octubre nuevas autoridades rectoras y decanos conducirán la institución de educación superior, la comunidad universitaria y todo el país deberían de poner atención, participar y ser observadores de las nuevas administraciones.
Porque la Universidad no es una isla ni un Estado ajeno a las necesidades de nuestra población.
Por eso es importante reflexionar: la educación superior pública es responsabilidad tanto del Estado como de las autoridades rectoras que dirigen la Universidad de El Salvador en un momento histórico determinado, pero también la comunidad universitaria puede hacer grandes aportes desde una visión propositiva por mejorar la Academia. ®
