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El presidente de la Asamblea Legislativa, dominada por diputados de Nuevas Ideas, juramenta a los nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, el 1 de mayo, luego de destituir a los magistrados legítimos. Foto Diario Co Latino/Archivo

EE. UU. inicia sanciones contra el gobierno del presidente Bukele

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Aplaudo esta decisión de @SamanthaJPower para desviar la asistencia financiera del @USAID al gobierno salvadoreño. Mi postura al respecto es clara: ningún financiamiento parte de EE. UU. de ir a los gobiernos que permiten la corrupción y debilita la democracia”, escribió la congresista de origen latinoamericana, Norma Torres, en reacción al anuncio de USAI de reorientar los fondos que estaban destinados a instituciones del Estado salvadoreño hacia las organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado oficial, hecho circular la tarde del viernes, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, señala que debido al rompimiento del orden constitucional perpetuado por los diputados oficialistas el pasado primero de mayo en la primera sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, se retira la ayuda a la CJS, IAIP, FGR y PNC. “USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas”, dice el comunicado de la agencia de cooperación de los Estados Unidos.

Debido a lo anterior, agrega, “Es que USAID está reorientando la asistencia de las instituciones de Gobierno, entre estas, la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

Según el comunicado de USAID, este financiamiento ahora se utilizará para promover “la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.

Además, mencionó que el respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte “son componentes esenciales de cualquier democracia”. USAID afirmó que el país norteamericano “sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”. Este hecho surgió tras la visita del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien se reunió con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña para entender la destitución de los magistrados y del fiscal general.

A este hecho, también reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien dijo: “Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil). El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado”, expuso en su cuenta oficial de Twitter. En momento alguno, el presidente se refirió al fondo del asunto, es decir, tanto afecta programas o proyectos que Estados Unidos quitará a las instituciones arriba mencionadas, ni como los financiarás si los programas son fundamentales.

Más, bien, el presidente Bukele volvió a la retórica evasiva, poniendo en el centro de su respeta a las organizaciones sociales, las cuales califica de fachada. “Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades”, escribió Bukele.

Las medidas anunciadas por USAID podrían ser el inicio de una serie de sanciones al gobierno del presidente Bukele, primero, por haber violentado el estado de derecho en El Salvador al destituir, sin seguir el debido proceso, a los cinco miembros propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, único órgano que garantizaba el equilibrio de poderes. Recientemente, Estados Unidos develó los nombres de dos altos funcionarios del Gobierno del presidente Bukele vinculados en actos de corrupción, entre ellos, a la comisionada presidencial, Carolina Recinos.

La reacción de Bukele fue preguntar porqué en la lista no había señalamiento contra funcionarios de ARENA.

Tras los tweets del presidente Bukele, salieron en apoyo algunos de los diputados oficialistas, entre ellos, los miembros que integran la Comisión Especial de la Asamblea que investiga a las ONG’s.

La comisión creada el jueves, se ha propuesto “investigar a las Organizaciones No Gubernamentales que han recibido fondos públicos en los cinco años anteriores”.

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