Ernesto Vera Mellado (*)
La Habana/Prensa Latina
Lester D. Mallory no podía imaginar en 1960 que en Cuba, más de seis décadas después, el proceso revolucionario mantendría su vigencia e incluso trabajara en el perfeccionamiento del modelo socioeconómico socialista.
Las medidas implementadas por Estados Unidos desde el inicio mismo del triunfo rebelde de enero de 1959, debían bastar para torcer el rumbo y provocar el fracaso del proyecto que ya mostraba su vocación patriótica y popular, con la promulgación de las primeras leyes.
El 6 de abril de 1960, Mallory, entonces subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos, en memorándum secreto del Departamento de Estado, definía los objetivos del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impondría a la nación caribeña.
Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, planteó en el documento en el que propuso las acciones para privar al país de dinero y suministros, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno.
“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales (…)”, planteó.
Iniciaba así una escalada de hostilidad que llega hasta hoy.
El 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy (1961-1963) firmó la orden ejecutiva que impuso el bloqueo, convertido en ley en 1992 y 1996.
Desde esa temprana fecha, el cerco estadounidense ha sido el principal obstáculo para el desarrollo de esta nación del Caribe. Ningún ciudadano o sector de la economía escapa de las afectaciones derivadas de esa política.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a precios corrientes, los daños acumulados hasta 2020 debido a aplicación del bloqueo ascienden a 144 mil 413.4 millones de dólares.
Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, esa política ha provocado perjuicios cuantificables por más de un billón 98 mil 8 millones de dólares.
Más allá de las cifras, el bloqueo se traduce en carencia de alimentos y medicinas, materiales escolares, equipamiento e insumos para hospitales y, en general, afectaciones considerables al nivel de vida de las personas.
Una guerra económica despiadada contra Cuba
“(…) El embargo es una palabra piadosa, el bloqueo se acerca más, no es ni embargo ni bloqueo, es una guerra económica contra nuestro país”. Fidel Castro, 25 de octubre de 1995.
Pese a que la Casa Blanca nunca ha declarado una emergencia nacional con respecto a Cuba, con la cual no tiene un conflicto bélico, sucesivas administraciones estadounidenses prorrogaron esa práctica y ampliaron su alcance.
El cerco forma parte de un entramado que abarca leyes y regulaciones administrativas, como la Ley para la Asistencia Exterior (1961) y la Ley para la Administración de las Exportaciones (1979), la Ley Torricelli (1992), la Ley Helms-Burton (1996).
El bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, califica como un acto de genocidio, en virtud del inciso c, artículo II, de la Convención de Ginebra para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948. También se considera como un acto de guerra económica, según la Conferencia Naval de 1909 de Londres.
Bloqueo se refuerza pese al rechazo mundial
Pese al rechazo universal que suscita la imposición del cerco más prolongado de la historia, Estados Unidos no solamente insiste, sino que refuerza esa política.
Esta nación caribeña presentará en mayo próximo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por vigésimo novena ocasión, la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Ese repudio se expresa también en las expresiones solidarias de personalidades, organizaciones, movimientos, y activistas sociales de países de todas las latitudes, incluido Estados Unidos, quienes exigen el cese de la hostilidad de Washington contra Cuba.
Trump y la nueva vuelta de tuerca
Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en 2017, el cerco contra Cuba experimentó un recrudecimiento sin precedentes.
Bajo esa administración fueron impuestas más de 240 nuevas medidas dirigidas a asfixiar económicamente al país, subvertir el orden interno, crear una situación de ingobernabilidad y derrocar a la Revolución.
El cierre de la embajada de Washington en La Habana; la puesta en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas en los tribunales estadounidenses contra el Estado cubano y empresas con inversiones en la isla; restricciones de viajes y remesas; millonarias multas a bancos extranjeros que negocian con Cuba, figuran entre esas acciones.
También se intensificó la persecución contra buques, navieras, compañías aseguradoras y reaseguradoras vinculadas al transporte de combustibles hacia Cuba, y se amplió la lista de “Entidades Cubanas Restringidas”, con las que ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones financieras directas.
Como resultado, por primera vez en seis décadas, esa política hostil provocó pérdidas superiores a los cinco mil millones de dólares en un año (2020), en medio de la compleja situación sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, y del impacto de la crisis económica mundial.
Esto representa un incremento de alrededor de mil 226 millones en esa moneda con respecto al período anterior.
Días antes de terminar su mandato, Trump incluyó a Cuba en las listas de países que patrocinan el terrorismo, y de Adversarios Extranjeros del Departamento de Comercio, decisiones destinadas a amarrar las manos del nuevo presidente, Joe Biden, respecto a las relaciones con el vecino caribeño.
Seis décadas de hostilidad, agresiones y bloqueo no lograron torcer el rumbo escogido por Cuba, inmersa hoy en un proceso de transformaciones socioeconómicas para consolidar y garantizar la sostenibilidad de su modelo de desarrollo socialista, algo que no pudieron prever Lester Mallory y 12 presidentes de Estados Unidos.
(*) Periodista de la redacción Nacional de Prensa Latina
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