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Por Leticia Pineda
Iguala/AFP
Estados Unidos y la OEA se unieron el martes a los reclamos para que México esclarezca cuanto antes qué pasó con 43 estudiantes desaparecidos luego de ser atacados y perseguidos por la policía y sicarios once días atrás.
Es un «crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente», dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki.
También en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se dijo «consternado» por un crimen que «enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas».
Antes, la oficina local de la ONU urgió a México a una búsqueda «efectiva» de los jóvenes, desaparecidos desde que la noche del 26 de septiembre fueron atacados por policías del municipio de Iguala, Guerrero (sur), y miembros del cártel local Guerreros Unidos.
El presidente Enrique Peña Nieto desplegó el lunes a centenares de policías y militares en Iguala para capturar a los responsables y encontrar a los jóvenes, después de que el fin de semana las autoridades hallaran fosas con 28 cadáveres aún no identificados, entre los que se cree que hay estudiantes.
Unos 600 milicianos de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero -que se armaron en 2013 para proteger a sus comunidades del narcotráfico- empezaron a llegar a Iguala, aparentemente sin armas, para contribuir a la búsqueda.
«Nos sumamos en la búsqueda casa por casa, centímetro por centímetro», dijo a la AFP un miliciano que prefirió no revelar su nombre.
La esposa del alcalde, en la mira
La noche del ataque, policías y sicarios dispararon contra autobuses de los que se adueñaron los estudiantes para regresar a la Escuela Normal de Ayotzinapa, un centro conocido por su combatividad y activismo, para la que estaban recaudando fondos.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de decenas de alumnos. Muchos de ellos fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
Once días después del crimen, la gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué la policía y los Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes? La información viene por cuenta gotas.
El fiscal general desplegó a unos 30 funcionarios para escudriñar el caso, que podría ser una de las peores masacres desde que el gobierno lanzó su ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006.
Desde ese año ha habido más de 80.000 asesinatos y 22.000 desaparecidos.
«Todavía no hay móvil establecido, se está compilando la información», dijo a la AFP un oficial federal.
Medios mexicanos, citando un reporte de los servicios de inteligencia, señalan que el alcalde de Iguala -ahora prófugo- podría estar implicado, así como su esposa María de los Ángeles Pineda.
El reporte, citado por el diario El Universal, dice que la esposa del alcalde «ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal» repeler a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella tenía previsto aquel 26 de septiembre.
Según el documento, la llegada de la policía degeneró en enfrentamientos físicos y verbales con los estudiantes.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, confirmó que hay varias hipótesis sobre el móvil, entre ellas que Pineda sintió «mucha incomodidad» por la posibilidad de que los estudiantes sabotearan su discurso.
El Universal señala que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) acusa al alcalde, José Luis Abarca, y a su esposa de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, de donde provienen los Guerreros Unidos.
«Desde hace tiempo se sabe que Abarca está casado con una hermana de narcotraficantes, ella misma (…) forma parte de ese cártel (de los Guerreros Unidos)», dijo a la AFP la senadora izquierdista Dolores Padierna, que lideró este martes el debate en la Cámara sobre el caso.
«Nos estamos muriendo»
Algunos de los 28 cadáveres hallados en seis fosas clandestinas están incinerados y fragmentados, por lo que su identificación puede durar semanas.
Las autoridades evitan afirmar que entre ellos están los estudiantes hasta que terminen los peritajes. Sin embargo, el gobernador Aguirre reconoció que es una «posibilidad real» sobre todo después de conocerse una confesión de dos sicarios que aseguran mataron a 17 estudiantes en el lugar de las fosas.
Los sicarios dijeron que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes la dio el director de Seguridad Pública municipal mientras que la de capturarlos y asesinarlos fue de un cabecilla de los Guerreros Unidos conocido como ‘El Chucky’.
Las familias se resisten a creer que sus hijos estén muertos y acusan a la Policía local de su desaparición. «Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo», confesó uno de los padres a la AFP.
